Vivimos tiempos de contrarreforma. Inició en 2019, en la VIII Legislatura del Congreso, irónicamente la misma que aprobó reformas importantes en 2016, incluyendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Ahora el TSE, integrado en marzo de 2020, se suma a esa ola.

Las reformas a la LEPP en 2016 incluyeron un mecanismo de “lecciones aprendidas”: después de las elecciones, el TSE conforma la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) con expertos, académicos, políticos y activistas, quienes proponen reformas a la Ley con el ánimo de corregir fallas, ampliar y profundizar el proceso democrático.

Tras las elecciones de 2019, en enero de 2020, el anterior TSE integró la CAME con la participación de alrededor de 70 instituciones civiles y políticas que en tres meses elaboraron una cantidad impresionante de propuestas de reformas. La mayoría animaban la participación y representación de jóvenes, mujeres y pueblos indígenas; promover la elección nominal de diputados, y la eficiente fiscalización y rendición de cuentas de los partidos políticos.

El proyecto de reforma de la LEPP que envió la semana pasada el TSE al Congreso incluye cambios en 44 artículos. Pocos tienen que ver con actualizar y modernizar el proceso electoral. De cajón, que la inscripción al padrón electoral sea automática y la Contraloría General de Cuentas fiscalice los dineros públicos que reciben los partidos. Por lo demás, restringe –en vez de ampliar, como propuso la CAME– la participación de los Comités Cívicos Electorales, y le da carácter inapelable a las resoluciones y actos del TSE.

La controversia pública está centrada en el retorno a la práctica del transfuguismo, pues se agrega un párrafo al artículo 34 –que no es lección aprendida del proceso electoral. Responde a la necesidad de casi la mitad de diputados de no perder derechos si sus partidos son cancelados (UCN, ahora, y vendrán más), se fragmentan (otro virus que los ataca) o ellos son expulsados. 

El presidente del TSE sostiene que su propuesta aclara que cuando los diputados quedan sin paraguas institucional, no son tránsfugas. Eso resuelve problemas a la mitad del Congreso, pero ¿de qué manera ataca los déficit de participación, representación y democratización de los partidos políticos? ¿Dónde está la fórmula para enfrentar el cáncer de la democracia, que es el financiamiento ilícito de las campañas, el puente de atraco del crimen organizado y las redes de corrupción?

Quizá la iniciativa del TSE no alcanza el rango de contrarreforma. Contrarreforma es extinguir los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada; absolver a los mafiosos porque aceptan las acusaciones, y prohibir la organización civil independiente. La propuesta del TSE es servil: espera que el Congreso le corresponda la “quemada” adelantándole un año el presupuesto electoral y otorgándole poderes que, en sus manos, refuerzan la captura mafiosa del Estado democrático.