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Opiniones de hoy

Reflexiones sobre la Pena Capital

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¿Su tiempo ha llegado?

Ayer, en la sección de opiniones del ‘New York Times’, apareció una columna de Elizabeth Bruenig: “Abolir la Pena de Muerte Federal”.  Un hecho quizás poco conocido la motivó a escribir su columna.

A partir de julio del 2020 para acá, el Departamento de Justicia bajo la administración Trump, logró la aplicación de la pena de muerte en 13 ocasiones, de un total de 17 ocasiones  que ello se ha logrado a nivel federal en los últimos 60 años.

O sea, una escalada descomunal que significa que en seis meses se ejecutaron el 77 por ciento del total de penas de muerte en las últimas seis décadas. 

La razón de escribir hoy sobre esa columna, es para hacer un par de reflexiones que, “mutatis mutandis”, podrían ser trasladables de EE. UU. a Guatemala. Espero poder explicarme.

En primer lugar, allá, al igual que acá, la forma federal de ejecución de la pena capital, es por medio de la inyección letal, o “cóctel de la muerte”.

En el año 2006 un juez federal suspendió ejecuciones en seis casos hasta concluir una investigación que pudiera determinar si ese método de ejecución era excesivamente cruel (violentando así la 8a. Enmienda Constitucional). La mala combinación de los fármacos que se utilizan para pararle el corazón a una persona, puede causar previamente dolores inusuales al ejecutado. Y es que, sea cual sea la posición personal que tengamos de estos desagradables temas, la 8a. Enmienda prohíbe castigos inusuales o crueles.

Como hay aspectos médicos de por medio, de hecho desde el año 2011, el Gobierno Federal anunció que no podía obtener las drogas requeridas para la inyección letal porque los fabricantes no querían afrontar protestas públicas -esas drogas son: i) hipnóticos o sedantes, ii) bloqueadores neuromusculares y iii) agentes dadores de iones de potasio-.

Pero fue a inicios del periodo presidencial de Mr. Trump, que el Departamento de Justicia encontró formas de eludir la identidad de los fabricantes, y ya con las marcas o distintivos ocultos, esas empresas farmacéuticas empezaron a preparar y probar elíxires de pentobarbital, usada comúnmente en la eutanasia de animales. Y así, según Bruenig, se reactivaron las ejecuciones.

¿En Guatemala, de reiniciarse la aplicación de la pena de muerte, tendrán las farmacéuticas o laboratorios la voluntad de ofrecerle al sistema penitenciario los ingredientes para el cóctel de la muerte? 

La segunda reflexión es en cuanto al juramento hipocrático. Hubo un momento, según me comentó mi gran amigo, el galeno Joaquín Barnoya, que en EE. UU. no había médico consciente de su juramento, que deseara preparar y administrar la inyección. Simplemente estaría en contra de la esencia misma de lo que prometen hacer: en pocas palabras, curar y salvar, en su caso. En Guatemala, de reiniciarse la aplicación de la pena de muerte, ¿tendremos médicos dispuestos a preparar y administrar el cóctel de la muerte?

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