Entre 2010 y 2012 un equipo de investigadores de la Policía Nacional Civil se dedicó a la búsqueda de mujeres desaparecidas reportadas durante esos años. Estableció que muchas de las desapariciones eran producto de los maltratos, los vejámenes y los crímenes que sufrían y también estableció que los protocolos de atención y búsqueda eran demasiado lentos para las urgencias de los casos que en muchos de ellos terminaron en asesinatos. Por ello se creó el Protocolo de Atención a la Mujer en las delegaciones de la PNC. Sin embargo, el proyecto desapareció con el tiempo. 

Sus indagaciones llegaron a esclarecer una ola de desapariciones ocurrida en Chimaltenango durante ese periodo, que los llevó hasta Jordania, en donde mujeres guatemaltecas, que habían sido engañadas tras una supuesta oferta de trabajo, y otras secuestradas, eran objeto de trata, tráfico sexual y venta ilegal de sus cuerpos en un mercado ilícito perverso, que no tiene escrúpulos ni principios, y que genera millones de dólares de ganancia para las mafias dedicadas a ello. 

El caso fue resuelto y ocurrieron capturas en Guatemala y Jordania, pero la secuela sicológica, de terror y miedo quedó impregnada en la vida de estas víctimas que finalmente volvieron a su país. 

Las mujeres no desaparecen o son asesinadas porque sí. En este país están en condiciones desiguales, marginales, excluidas y víctimas de una serie de acosos que pueden provenir desde sus hogares, su entorno próximo y del enjambre machista que deambula a diario en las calles y que las acosa constantemente y con total impunidad. 

Ser mujer en Guatemala es sinónimo de abusos a todos nivel, desaparición, violación y desatención, incluso hasta por un sistema de seguridad y justicia que trabajó a paso lento para protegerles. 

Los casos de niños, niñas y mujeres desaparecidos, y en el peor de los casos asesinados, han crecido comparado con los mismos datos del año pasado, durante enero y lo que va de febrero. Esta estadística debería de alarmar al sistema de seguridad y justicia y también al propio Gobierno central, quien debe de asumir una acción beligerante para tratar este tema que ha provocado una ola de reclamo social, popular ciudadano y de distintos sectores, pero nada ocurre desde ahí. 

Mientras tanto, en el Congreso de la República existe una iniciativa de ley para crear el Sistema de Atención Integral a la Víctima, pero tampoco ha avanzado. 

Al mismo tiempo, el gobierno de Alejandro Giammattei redujo el año pasado los presupuestos de prevención de violencia y de los Centros de Atención Integral a la Mujer (CAIMUS), que se encuentran dentro de la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Muchas de las trabajadoras en esos centros no recibieron sus salarios y las instalaciones trabaron con serias deficiencias para atender a las mujeres víctimas de la violencia y el maltrato. 

Por ello, es importante apoyar la campaña #TengoMiedo, porque desde ahí se expone una cruda realidad que como sociedad se está permitiendo, tolerando y que con actitud pasiva se provoca impunidad en estos casos.  

Yo apoyo y me solidarizo con las niñas, adolescentes y mujeres guatemaltecas. Yo apoyo la campaña #TengoMiedo.  ¡Apoye usted también!