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¿También la Corte de Constitucionalidad?

En abril próximo se deberá renovar la Corte de Constitucionalidad (CC), pero podría volver a ocurrir que se llegue a la fecha y no puedan asumir los nuevos magistrados, todos o algunos, por situaciones similares a las que han mantenido en los cargos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones (CA), quienes deberían haber dejado las magistraturas en octubre de 2019.

Por las razones por todos conocidas, hasta la fecha no se ha elegido a los magistrados que debieron haber tomado posesión de los cargos en la CSJ y las CA, situación que se endilgan entre el Congreso de la República, el Ministerio Público y la propia CC. Un verdadero bochorno para el sistema de justicia del país, independientemente de lo justificado o injustificado de los motivos que han llevado al incumplimiento de los plazos establecidos por la Constitución Política de la República, para el ejercicio de las referidas magistraturas.

Como sabemos, la CC es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, actuando como un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. La CC se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales tiene un suplente, quienes conforme prescribe la Constitución durarán en sus funciones cinco años.

Cada uno de los titulares y su respectivo suplente serán designados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); por el pleno del Congreso de la República; por el Presidente de la República en Consejo de Ministros; por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y por la Asamblea del Colegio de Abogados.

Los requisitos formalmente establecidos por la Constitución para ser magistrado de la CC son: ser guatemalteco de origen; ser abogado colegiado; ser de reconocida honorabilidad; y tener por lo menos 15 años de graduación profesional.

Recae entonces en los entes nominadores a magistrados para la CC la enorme responsabilidad de designar a profesionales de reconocida honorabilidad; es decir, idóneos, capaces, honrados, íntegros e independientes. Sin importar qué grupos los postulen, deben garantizar que cumplan con estos requisitos, sin excusa ni pretexto.

Es absolutamente inadmisible que uno solo de los cinco magistrados no cumpla con lo indicado y mucho menos que pudiera estar vinculado, directa o indirectamente, con el crimen organizado nacional o transnacional, con las redes de corrupción que han venido esquilmando las arcas públicas o en contubernio con intereses creados de sectores económicos, políticos o sociales reñidos con la Ley. 

Estamos apenas a dos meses del cambio en la CC, así que ojalá se pueda escoger a los mejores profesionales del derecho para impartir justicia, en materia constitucional, desde el más alto tribunal que existe en nuestro país. Sobre cada ente nominador recae la responsabilidad.

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