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Opiniones de hoy

El constitucionalismo del descaro

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Se necesita de magistrados con la suficiente reciedumbre moral para oponerse a los deseos inconfesables del poder.

Si existe una tendencia evolutiva dentro del constitucionalismo es la convicción de que debe convertirse en un medio de organizar la convivencia humana de manera tal que se eviten los excesos del poder. El constitucionalista alemán Karl Loewenstein decía que el poder que carece de control “adquiera un acento moral negativo que revela lo demoníaco en el elemento del poder y lo patológico en el proceso del poder”. Loewenstein aseguraba que el “poder encierra en sí mismo la semilla de su propia degeneración”. 

Las cortapisas constitucionales del poder varían con el tiempo. En los tiempos actuales, la Constitución se rige por los derechos humanos, los cuales fijan una meta más alta que la Declaración francesa de 1789. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial ilustró de manera trágica los horrores que puede generar un régimen que irrespeta la dignidad humana.

Ahora, con un Estado constitucional de derecho en crisis, se experimenta la extrema vulnerabilidad en que vive la población de muchos lugares. Como lo dice Giorgio Agamben, el régimen de excepción se ha convertido en modelo político. Cuando las constituciones caen en manos de redes de poder ilegítimas, estas pierden su razón de ser para convertirse en instrumento de legitimación espuria.

En este sentido, parte de la crisis constitucional radica en que los tribunales constitucionales no siempre han logrado liberarse de las garras del poder, precisamente en la elección de sus miembros. La política se judicializa. Pero la ambivalencia, que se vislumbra en tantos lugares, se convierte ahora en plena oscuridad en Guatemala. Esto muestra, entre otras cosas, las fallas en el diseño de nuestro sistema constitucional que nunca da voz decisiva a las víctimas del (des)orden en que vivimos.

El poder ha desbordado las instituciones. Antes, el poder innombrable, a menudo sangriento, solía actuar en secreto. Pero ahora se ha hecho tan insolente que quiere actuar a plena luz del día, robándose la claridad que la sociedad necesita para poder vivir con dignidad. Consternados, recordamos la ignorancia enciclopédica de Jimmy Morales y su idea ridícula de cómo se lee una Constitución. Desde entonces, se puso de moda desobedecerla cuando ya no se presta a los designios sombríos del poder. Ahora se impone el descaro del poder mafioso para construir un constitucionalismo a su medida.

La ciudadanía no está ciega. Los valores constitucionales son de orden moral y, por lo tanto, los seres con conciencia saben qué caminos debe seguir la justicia constitucional. Así, un criterio general para rechazar ciertas opciones que ahora se presentan para ocupar las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad es precisamente su cercanía al poder mafioso. Se ha visto que este poder es capaz de englobar todas las instituciones del Estado, pero queda en nosotros que logren su cometido.

Lo dicho deja en claro quiénes no pueden ocupar puestos en la Corte de Constitucionalidad. Esta no debe integrarse con representantes descarados de los diversos poderes que han cooptado el Estado. No se tiene que aceptar estas imposiciones: las decisiones del futuro no pueden dejarse en manos de aquellos que, deslumbrados por las lucecillas del poder, han perdido la visión de la justicia constitucional. No deben elegirse personas escogidas o apoyadas por los poderes salvajes que dominan nuestra sociedad. Entonces se terminará por perder uno de los instrumentos que han resistido los embates del poder mafioso.

Se necesita de magistrados con la suficiente reciedumbre moral para oponerse a los deseos inconfesables del poder. Sin embargo, no debe olvidarse un hecho incontestable: El último intérprete de la Constitución es aquel que la sustenta, esto es, el pueblo soberano que cada vez se reconoce parte de una comunidad global que ya no quiere seguir subyugada por la injusticia.

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