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Opiniones de hoy

¿Jaque al rey?

opinion

El vicepresidente de la República está respondiendo a la altura de las circunstancias.

El Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, consciente de la responsabilidad histórica que tiene el organismo Ejecutivo en la designación de un magistrado titular y de un suplente para la Corte de Constitucionalidad, para el período 2021-2026, hizo pública la carta que le dirigió en ese sentido al presidente de la República, Alejandro Giammattei. En ella, enfatizó que hay que transparentar y prestigiar el proceso de designación dando para ello recomendaciones oportunas y comedidas. Estas fueron recibidas y debidamente publicadas en todos los medios de prensa.

El vicepresidente, quien ha sufrido de primera mano las veleidades e inconsistencias que se dan con frecuencia en las altas esferas en las que se ejerce el poder político, tiene en este proceso voz y voto por mandato constitucional,  que puede ser razonado y consignado para la historia. Es importante comprender que  el Presidente no puede dejar fuera al Vicepresidente al igual que a sus ministros de Estado de este proceso de designación de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. Los ampara el artículo constitucional 195. Este dice así: “Consejo de Ministros y su responsabilidad; el Presidente, el Vicepresidente de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el Presidente de la República, quien lo convoca y preside.”

Es precisamente en Consejo de Ministros, conforme al artículo constitucional 269, que el Presidente designa a los magistrados de referencia. En este marco jurídico, el Vicepresidente en su calidad de miembro del Consejo de Ministros ante un asunto de trascendencia nacional está dejando consignada su posición histórica y ojalá logre persuadir a ministros del gabinete de Gobierno de sumarse a su propuesta. Es una tarea muy difícil y compleja. Sin embargo, su iniciativa podría evolucionar hacia convertirse también en un catalizador del sentimiento ciudadano y sectorial que demandan la integración de una Corte de Constitucionalidad renovada; es decir, que no haya reelección de magistrados, y sea fortalecida con nombramientos de nuevos magistrados probos, honestos, idóneos e independientes.   En ese sentido, quizá el Vicepresidente de la República podría ser parte de un esfuerzo de propiciar condiciones favorables en las cuales convoque, discuta y logre acuerdos entre sectores diversos y representativos de la sociedad civil para hacer causa común frente a una Presidencia de la República, que al día de hoy proyecta una posición displicente y autocrática encubierta de legalidad. Se deja entrever que el Consejo de Ministros, al mejor estilo de la época de las monarquías absolutas, cumplirá con aquello de que la obediencia a los reyes era considerado un derecho natural.

No obstante, sería un hecho verdaderamente histórico, que se reconocería, aunque con franqueza no es lo que se esperaría, si la Presidencia de la República en Consejo de Ministros aceptara la iniciativa de la Vicepresidencia de iniciar un proceso abierto, transparente y deliberativo para elegir magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Y que este proceso concluyera con la designación de magistrados que superen las expectativas y sientan un precedente a las otras instancias que por ley también tienen mandato de designar magistrados, como los son el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, El Consejo Superior Universitario de la Usac y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANG. El Vicepresidente de la República está respondiendo a la altura de las circunstancias, haciendo su mejor esfuerzo, y dando ejemplo a la ciudadanía y a los diversos sectores de la sociedad civil de que hay voluntad de cambiar el rumbo de la historia de la Corte de Constitucionalidad y de fortalecer así el ya deteriorado y sesgado Estado de derecho.

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