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Opiniones de hoy

Puja por el poder de la Magistratura

opinion

Los togados pasaron a compartir la conducción política.

La meritocracia supone la selección por el mérito, es decir que los mejores sean quienes accedan a las posiciones, cargos y empleos, sobre todo aquellos con mayor grado de autoridad y responsabilidad. En el ámbito de la justicia oficial, la meritocracia demanda que las magistraturas y judicaturas se asignen con base en el mérito (aptitud, especialización, autonomía, ética), a fin de que los juzgadores sean competentes, independientes, imparciales y probos.

Nuestra Constitución reconoce el principio meritocrático al estipular que en la designación de funcionarios se atienda a los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Asimismo, la Carta Magna exige que los juzgadores sean de reconocida honorabilidad, es decir que sean intachables en su vida privada, familiar, profesional, laboral, empresarial, cívica y política.

Por supuesto, la honorabilidad no debe ser regateada por rumores y maledicencias falsas e infundadas, esparcidas por cobardes, envidiosos, adversarios desleales, enemigos o mercenarios. Tampoco debe ser lesionada por las calumnias y difamaciones malintencionadas, por la propaganda de odio ni por campañas negras, escandalosas o denigrantes destinadas a descalificar o desgastar el buen nombre y la imagen. Es más, este tipo de ruindades deben ser perseguidas y castigadas.

En ese sentido, la noble misión de juzgar debe estar a cargo de abogados que, además de los referidos méritos, tengan firmeza y entereza, lo que conlleva ser valientes y no cobardes, audaces y no miedosos, y que estén conscientes de la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros y de la contribución determinante que deben hacer para que los ciudadanos confíen en la Justicia, para dirimir sus diferencias y castigar a los delincuentes e infractores de la Ley. 

En cuestión de la jurisdicción constitucional, lamentablemente la Corte de Constitucionalidad (CC) ha transitado de controlador de la constitucionalidad a convertirse en un suprapoder del Estado, lo que supone que los togados, en vez de limitarse a neutralizar las desviaciones de los poderes públicos, devolviéndolos al nivel de constitucionalidad requerido, y proteger los derechos humanos, pasaron a compartir o asumir ilegítimamente la conducción política del país, dando pie a una suerte de gobierno de los jueces. Sin duda, resulta imperativo reflexionar sobre esta disfuncionalidad de la justicia constitucional.

En los últimos tiempos, esta disfuncionalidad ha dado pábulo a que los factores de poder, legítimos e ilegítimos, inciden decisivamente, en función de sus intereses particulares, en la integración de la magistratura de la CC, dejando al margen los merecimientos, por supuesto.

En todo caso, cabe advertir que la pérdida de independencia e imparcialidad de la justicia constitucional y ordinaria da pie al manoseo y al favoritismo en el juzgamiento, al abuso de poder, al prevaricato, a la justicia selectiva, a la persecución arbitraria de adversarios, enemigos y disidentes, a la corrupción, así como a la impunidad.

Finalmente, no debe olvidarse jamás que los regímenes despóticos invariablemente se valen de mecanismos de criminalización de la sociedad, a cargo de juzgadores ad hoc, para imponer su voluntad arbitraria y despótica, así como para castigar a quienes cuestionan o disienten de sus actuaciones abusivas, corruptas o lesivas.

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