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Opiniones de hoy

Libertad bajo amenaza

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A mayor incompetencia y corrupción, más represión.

En los últimos cinco años -en particular-, regímenes autoritarios localizaron un nuevo enemigo político y están dispuestos a extirparlo. Se trata de las ONG que fastidian a las autoridades, fiscalizando el cumplimiento de sus obligaciones oficiales en el buen uso del presupuesto público, el respeto de las libertades civiles y la independencia de la justicia.

La fórmula favorita de los regímenes en Rusia, Egipto, Paquistán, Nicaragua y Venezuela ha sido emitir legislación para neutralizar, confiscar y amordazar. El común denominador de esas normas es que, por un lado, abre la puerta a la calificación arbitraria -sin derecho de defensa- de una ONG independiente como “amenaza a la unidad nacional”, “agente que altera el orden público” o “genera desinformación”. Tras el señalamiento la entidad es clausurada y sus directivos condenados penalmente o desterrados.

Por otro lado, las leyes anti ONG establecen controles administrativos y financieros más allá de los que se aplican a los organismos civiles sin fines de lucro. Unas incluyen cláusulas confiscatorias, como en Nicaragua; otras son calificadas como “agentes extranjeros” con prohibición de recibir financiamiento internacional, como en Rusia, Venezuela y también Nicaragua.

En Guatemala esos vientos soplan desde el gobierno del FCN, y adquirieron forma de ley hace un año, cuando la actual legislatura no había siquiera cumplido un mes de haberse instalado. La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto el Decreto 4-2020, porque viola los principios de libertad de expresión, asociación y de trabajo. A regañadientes el presidente Giammattei acató la resolución provisional del máximo tribunal constitucional, aunque el viernes pasado volvió a la carga. 

En una actividad de balance del primer año de su gestión, que el gobierno organizó con la Cámara de Industria, Giammattei aseveró que “la división y desinformación que hay en el país se debe a quienes están detrás de pequeños grupúsculos de oenegés… hacedores de miseria, que viven de la miseria y quieren seguir hartándose de la miseria” (La República, 05/02/2021).

En el primer punto de agenda de captura de la CC, el Pacto de Corruptos contempla darle luz vez a la Ley anti-ONG, además de abrir las cárceles a criminales y corruptos (reformas a la Ley de Aceptación de Cargos), así como a perpetradores de graves crímenes contra la humanidad (reformas a la Ley de Reconciliación Nacional). 

Es un paquete (inicial) de leyes que traza una ruta regresiva de medio siglo, o más. Empieza con decretar normas anticonstitucionales, y lanza ataques selectivos contra líderes civiles y periodistas, y no tardará en volver a la brutalidad represiva, como el 21 de noviembre. No siempre es el caso de los otros regímenes, pero en el que nos concierne hay una ecuación despejándose inequívocamente: a mayor incompetencia y corrupción en el gobierno, mayor represión contra la disidencia. 

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