Recientemente el Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, firmó una serie de órdenes ejecutivas para delinear sus nuevas políticas en varios aspectos y una de ellas ha sido lo relativo a la migración regional, que ocurre desde Centroamérica hacia ese país norteamericano. 

En un comunicado oficial del secretario de Estado, Antony Blinken, se indicó que EE. UU. “tiene la intención de suspender y rescindir los Acuerdos de Cooperación de Asilo bilaterales con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras”. 

Esto en la práctica es abolir la dinámica de que los países centroamericanos sean un tercer país seguro y acojan a personas migrantes irregulares bajo el asilo, lo que implica protección integral familiar, educación, salud y oportunidades de trabajo. 

El Secretario Blinken reconoce que EE. UU. será un socio regional confiable y que trabajará con gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado para establecer una estrategia integral para abordar las causas fundamentales de la migración en la región. 

Y acá viene lo sustantivo: “Ampliar la capacidad de los sistemas de asilo, reasentamiento y otros sistemas de protección en los países de América del Norte y Centroamérica; aumentar las oportunidades para que las personas vulnerables encuentren protección más cerca de casa y mejorar las vías legales para la migración a los Estados Unidos”. 

Si bien es cierto, Biden no seguirá los programas implementados por su antecesor Donald Trump, sino más bien plantea un abordaje integral para atender la situación migratoria irregular de cientos de miles de centroamericanos que intentan pasar hacia los EE. UU.

Este abordaje integral tendrá cambios en las gestiones internas de ese país tales como provocar la reunificación de las familias migrantes en situación irregular -algo que generó una tragedia mayor en las personas migrantes-, establecerá procesos sistemáticos y adecuados para las peticiones de asilo y apoyará los programas migratorios con sus socios en Centroamérica. 

Esta agenda demandará que los gobiernos de Centroamérica, pero en particular del Triángulo Norte, generen políticas públicas, presupuestos oficiales transparentes y programas nacionales para buscar promover el desarrollo humano y así mitigar la migración de sus connacionales. 

Los tres países mantienen condiciones de desigualdad social similares, aunque Honduras y Guatemala ocupan los primeros lugares en indicadores de pobreza, marginación, subdesarrollo humano y falta de oportunidades. 

El mensaje del gobierno de Biden también indica que no solo trabajará con sus pares para abordar las causas que obligan a migrar, sino también en la mejora de la gobernanza, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la impunidad, entre otros. 

Y aquí es donde el presidente Alejandro Giammattei está comprometido con estos últimos pronunciamientos, pero al parecer sucede lo contrario, pues su bancada oficial y su partido mantienen una alianza franca y descarada con el ‘Pacto de Corruptos’ y su gobierno ha sido cuestionado por organizaciones sociales que le increpan su mala gestión, su desatención con los más necesitados por la pandemia y las tormentas y de que algunos funcionarios suyos tienen relación con el crimen organizado y el narcotráfico. 

Presidente Giammattei, la agenda de Biden es clara y apoyar el combate a la corrupción y a la impunidad es una de sus prioridades.