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Opinión

A propósito de la demagógica “promesa” presidencial


El nuevo techo para el Presupuesto de Gastos de Q94 millardos, que el presidente Giammattei ha “prometido” a la ciudadanía, carece de legalidad, mientras no sea aprobado por el Congreso de la República. Aunque fuera un compromiso oficial, es una reducción insuficiente y no representa más que un acto de demagogia.

Implica un Déficit Fiscal irresponsable e insostenible de 3.7% del PIB y una expansión de la contratación de más Deuda Externa, de nada menos que Q22 millardos adicionales.

El Déficit Fiscal para 2021 no debe exceder el 1.5% del PIB. Por lo tanto, el Presupuesto de Gastos 2021 no debe exceder Q75 millardos. Para el efecto, es indispensable eliminar las asignaciones a los Consejos de Desarrollo, que tienen como destino los bolsillos de diputados, alcaldes, gobernadores y narcocontratistas, que únicamente utilizan las obras que les adjudica el propio Estado de Guatemala para lavar su dinero proveniente del narcotráfico.

Confeccionar un programa riguroso y radical para eliminar el 24% de plazas “fantasma” que existen en las instituciones del Estado, que representan un robo de Q588 millones y declarar lesivos a los intereses del Estado los pactos colectivos con los sindicatos, fundamentalmente, los de los ministerios de Educación y Salud y del Congreso de la República, que carecen de justificación.

Cerrar el Ministerio de Desarrollo, que solo es un instrumento efectivo para robar Q7.6 millardos al Estado de Guatemala.

Reducir el Presupuesto del Congreso, que supera escandalosamente los mil millones de quetzales (Q1 millardo), en un 60%, los Q13 millones destinados para el Parlacen, institución de la que Guatemala debe desligarse con urgencia, la supresión de todos los “asesores” del Estado y sus instituciones (renglón 029 y subgrupo 18) por superfluos, accesorios y totalmente prescindibles y que significaría un ahorro de Q4.3 millardos, dejar de pagar indemnizaciones ilegales a funcionarios cuyos periodos fijos simplemente fenecen y jamás han sido ni serán despedidos, eliminar del Presupuesto los Q1.7 millardos asignados al Listado Geográfico de Obras, que incluyen obras en “aldeas fantasma”, con base en municipios que no existen, pues en su conjunto terminan en los bolsillos de oenegés y empresas de los diputados.

A todos los dignatarios, funcionarios y empleados del Estado, que ganan arriba de Q15 mil, comenzando por el propio presidente Giammattei y sus ministros, las altas cortes, el presidente, la Junta Directiva y los presidentes de comisiones del Congreso, los miembros de la Comisión de Energía Eléctrica, se reduzcan sin contemplaciones sus sueldos, salarios, dietas y bonos en 30 por ciento.

El Tribunal Supremo Electoral debe cancelar el pago inmoral y servil de la “deuda política”, por más de Q82.2 millones, a los pestilentes narcopartidos políticos y más bien, debe proceder con agilidad a cancelarlos. 

Mientras no se reforme la Ley de la Contraloría General de Cuentas, de suerte que se establezca su autonomía e independencia financiera y política, y, por lo tanto, pueda jugar el papel de contrapoder eficaz que le corresponde y esté en posición de exigir una rigurosa rendición de cuentas y la transparencia del Estado y sus instituciones, que se cierre sin demora, pues solo sirve de tapadera y alcahueta, de la desvergonzada e incesante corrupción exponencial, que los ciudadanos, perplejos, observamos todos los días. El cierre de la superflua, ineficaz y accesoria Contraloría General de Cuentas de la Nación, representaría un ahorro de Q855.8 millones, que hoy día se despilfarran sin sentido alguno.

DIGAMOS NO AL ROBO, AL DESPILFARRO, A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD.

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