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Opiniones de hoy

La independencia judicial

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“Genera garantía, legalidad, paz, armonía, seguridad y no corrupción.”.

La independencia judicial es un deber del ejercicio de la función jurisdiccional y una garantía para la ciudadanía, es un elemento intrínseco del derecho al acceso a la justicia, por lo que los jueces y las juezas deben impartir justicia con absoluta independencia, lo que significa que deben emitir sus resoluciones libres de presiones, libres de cualquier injerencia de los poderes del Estado o grupos de presión. En ese sentido, es importante resaltar que las resoluciones judiciales son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, por lo tanto se cumplen, no se discuten y solo son impugnables por los medios legalmente establecidos, lo que conlleva el ataque a las resoluciones, pero no a los jueces. 

Arbitrariamente se utilizan acciones legales para atacar a jueces y juezas de parte de algunos sujetos procesales, como mecanismos de presión, de intimidación, de desprestigio, de afectación a la independencia judicial, pretendiendo criminalizar la función jurisdiccional con las consecuencias graves que afectan la independencia judicial, y que conforme a nuestra Constitución conlleva responsabilidades. 

En ese sentido, el doctor Alirio Abreu, en su obra “Independencia Judicial (Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, expone: “La independencia del poder Judicial, como consecuencia de la separación de poderes en un sistema democrático, y la independencia de los jueces, como un derecho de estos en el ejercicio de sus funciones, y de los ciudadanos en relación con el acceso a la justicia y a las garantías judiciales, ha sido materia reiteradamente tratada y decidida por la Corte, tanto en sus opiniones consultivas como en sus sentencias.”… “La falta de independencia judicial, que conlleva necesariamente la falta de imparcialidad, y, por ende, la violación del artículo 8 de la Convención, constituye una evidente carencia de igualdad para uno de los litigantes.”  De tal manera que según el autor cuando no se aplica la justicia con independencia judicial, se anula la tutela judicial efectiva y viola el debido proceso, sumado a otros derechos y garantías del acceso a la justicia. 

Respecto a la independencia judicial, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, por sus siglas “AGJI”, ha tenido una importante proyección nacional e internacional, destacando su labor en la defensa de los derechos humanos y de la independencia judicial, denunciando de forma pública y frontal los ataques en contra  de jueces y juezas de gran trayectoria, que han sido víctimas de estos ataques, mediante múltiples denuncias administrativas disciplinarias, todas declaradas sin lugar, lo que evidencia que no tienen fundamento y que el único propósito ha sido afectarles en su integridad, de la misma manera y de mayor gravedad han planteado antejuicios en contra de algunos de sus integrantes, los que en su mayoría han sido rechazados y en los que les han dado trámite, la Corte de Constitucionalidad ha dejado sin efecto, ordenando la protección constitucional mediante recursos de amparo, pues la mayoría de estos han sido planteados por personas sindicadas por casos de corrupción, lo que ha conllevado a elevar las denuncias de parte de la referida asociación, incluso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre las que destaca la petición para  audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que se realizó durante su 172 período de sesiones en Jamaica, denunciando no solamente el ataque a la independencia de jueces y juezas, por su función jurisdiccional en casos concretos, sino también por hechos que consideraron atentan en contra de la independencia del Organismo Judicial, por la injerencia de otros organismos de Estado en la función jurisdiccional y la independencia judicial, logrando que se discutiera con representantes del Estado y se atendieran las recomendaciones para respetar la independencia judicial. Asimismo, algunos de sus integrantes cuentan con medidas cautelares ordenadas por la CIDH, quienes han considerado que los jueces y juezas deben llevar a cabo sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones, destacando a la vez pronunciamientos del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, Doctor Diego Garcia Sayan. 

Sumado a estas acciones, la AGJI, ha realizado esfuerzos con asociaciones gremiales a nivel internacional como la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, con gran liderazgo, al elegir como presidente de dicha organización al juez guatemalteco, Jorge Haroldo Vásquez Flores, también integran la Unión Mundial de Magistrados y la Federación Latinoamericana de Magistrados, destacando alianzas para compartir experiencias jurisdiccionales y fortalecimiento de capacidades. Por lo que su labor ha sido reconocida y apoyada por la cooperación internacional de varios países, como Estados Unidos, Noruega, Suecia, Alemania, Canadá, y organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Abogados sin Fronteras Canadá y el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados y Notarios de la Ciudad de Nueva York, lo que les ha permitido realizar tres congresos internacionales y ser parte del proyecto de reformas estructurales que impulsa la Cooperación Alemana, teniendo participación activa también como docentes en la Escuela de Estudios Judiciales.

 Deseo resaltar que el trabajo de los integrantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad ha sido reconocido por organizaciones de la sociedad civil, por diferentes sectores e instituciones, por citar algunas: la designación  del juez Miguel Ángel Gálvez, como personaje del año por parte del diario Prensa Libre;  galardón “Mujer Destacada del Organismo Judicial”, otorgado a la jueza Érika Aifán por el Organismo Judicial;  reconocimiento otorgado al juez Haroldo Vásquez y al juez Carlos Ruano, por su aporte en favor de la Justicia y la democracia, otorgado por el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia.  Concluyo  reconociendo el trabajo y el aporte de jueces y juezas en todas las materias, valientes e independientes, que actúan con probidad y principios éticos, que fortalecen el sistema de justicia en Guatemala, como pilar fundamental del desarrollo, del Estado de derecho y la paz.  

*La magistrada Delia Dávila es vocal IV y presidenta en funciones de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este artículo es una colaboración para la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, que tiene como misión ser un grupo de juezas y jueces de Paz y de Primera Instancia, independiente e íntegro, que busca promover la democratización e independencia de la función judicial y el fortalecimiento de la dignidad e imparcialidad, asíì como el fomento de la eficiente y eficaz administración de justicia, a través del desarrollo jurídico, académico-funcional, profesional, social, cultural y laboral del gremio, en un espacio plural donde puedan desenvolverse a nivel nacional e internacional, en beneficio de la sociedad guatemalteca. www.agji-gt.org

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