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Opiniones de hoy

Politización de la magistratura

opinion

El Estado de Derecho sigue siendo vulnerable e ineficaz.

Un genuino y eficaz Estado de Derecho se asienta sobre una administración de justicia pronta y cumplida. Para que este principio se haga efectivo los juzgadores deben ser independientes, imparciales, probos y, sobre todo, neutrales en el juego político partidista, a fin de que sus decisiones sean justas y confiables.

Cuando la justicia oficial no es suficientemente fuerte y autónoma, se habilitan las presiones e injerencias, que redundan en la manipulación de juzgadores por parte de quienes detentan el poder político o económico, en función de que la balanza de la justicia se incline en favor de sus intereses.

No puede hablarse de un sistema de justicia eficaz cuando: 1) La selección de los juzgadores no se fundamenta en el mérito, sino en la designación subjetiva y discrecional del elector; 2) Los operadores de justicia no sean dignificados, respetados y protegidos, lo que no supone que estén por encima de la ley ni que no respondan por sus actuaciones; 3) La justicia oficial no goza de independencia económica y funcional; 4) Los juzgadores puedan ser removidos, castigados o trasladados sin expresión de causa o injustificadamente; y 5) Los fallos judiciales no se apegan a la ley, sino que obedecen a la ocurrencia, al capricho o a la orientación política del juzgador. 

Por otro lado, cuando la designación de los juzgadores no se sujeta a una evaluación objetiva de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, sino en su vinculación o afinidad a causas políticas o intereses creados, que comprometan su criterio y sus decisiones, la consecuencia será la inexistencia de juicios justos, que se traicione la legítima aspiración de resolución pacífica de disputas y que se persiga arbitrariamente a opositores políticos y disidentes.

Pero no solo en América Latina se discute la cuestión de la politización de la justicia y la judicialización de la política. La semana pasada, el gobierno de EE. UU. anunció que instalará una comisión de reforma de la Corte Suprema, integrada por nueve jueces. La pretensión es aumentar el número de jueces de dicha Corte, a fin de que puedan incorporarse más juzgadores partidarios del “activismo judicial”, defendido por los políticos liberales progresistas, para contrarrestar la actual mayoría de jueces (de 6 a 3) que se inclinan por la interpretación originalista de la ley. Asimismo, se busca que los jueces ya no ocupen los cargos en forma vitalicia.

En Guatemala, además de que no se ha renovado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones, debido a la interferencia de intereses políticos encontrados, estamos a las puertas de la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC). Corresponde al Congreso, al Ejecutivo, al Colegio de Abogados, a la CSJ y al Consejo Superior de la Usac designar a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes, a razón de un titular y un suplente cada uno, de la Octava Magistratura de la CC.

En todo caso, debe tenerse presente que, dado que la Séptima Magistratura atribuyó a la CC un enorme poder político, inmune y discrecional, los factores de poder, como nunca antes, pretenderán incidir en las designaciones o, al menos, obstaculizar que “indeseables” ocupen los cargos, por lo que me temo que, de nuevo, los méritos no necesariamente serán decisivos, lo que inhibirá la postulación de quienes tienen los merecimientos. ¿Demasiado independientes?

Mientras tanto el Estado de Derecho seguirá siendo vulnerable e ineficaz. Vulnerable, porque la justicia no es prioritaria ni totalmente autónoma; e ineficaz, porque la impartición de justicia, además de inaccesible, errática y disfuncional, acusa una grave complicidad con la impunidad, el abuso y el expolio. Esto es la causa de la imperante incertidumbre jurídica, de la altísima conflictividad, de la ingobernabilidad y de la violencia desenfrenada. ¡Basta de ser espectadores!

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