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Opiniones de hoy

Corrupción municipal en Quetzaltenango

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Mucha de la falta de agua potable o de las inundaciones que abarcan a varias zonas de la ciudad son producto de proyectos habitacionales construidos en base a la corrupción.

Esta semana, el gerente Marvin Joel Calijau y el subgerente Oscar Humberto Chang, de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, fueron arrestados y ligados a proceso acusados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de cohecho pasivo por cobrar sobornos a dos empresas constructoras a cambio de agilizar la aprobación del tendido eléctrico en dos proyectos de urbanización. Ambos funcionarios fueron colocados en el cargo en octubre de 2020 por el actual alcalde, Juan Fernando López. 

Este caso, abarca a los miembros de la comisión de energía municipal, presidida por el concejal segundo, Jorge Luis Argueta e integrada por los concejales Alex Francisco Castro, Siefren Raimundo Méndez y Juan Carlos Villatoro, y revela dos puntos sobre la administración de la ciudad. Primero, que la corrupción es la parte esencial del engranaje que mueve la burocracia gubernamental. Segundo, la poca preparación y desinterés en lograr mejoras sustantivas de manera inteligente para la ciudad desde las actuales autoridades, empezando por el mismo alcalde, quien fue el que nombró a las autoridades de la empresa eléctrica, ahora detenidas. 

Aunque en este caso existió una denuncia documentada, el cobro de sobornos explica el crecimiento urbano desordenado que se observa en la ciudad desde años atrás y que evidentemente continúa. Mucha de la falta de agua potable o de las inundaciones que abarcan a varias zonas de la ciudad son producto de proyectos habitacionales construidos en base a la corrupción, por eso, nunca tomaron en cuenta el uso adecuado de los recursos, ni se cuestionaron si la deforestación afectaría a otras zonas en la época de lluvia. 

La corrupción tiene a Quetzaltenango de rodillas, basta recordar que, en la administración de Mito Barrientos, las unidades municipales, incluyendo los sindicatos, operaron a través de sobornos y cobros ilegales a cambio de prebendas para empresas y constructoras. Este actuar ha implantado una cultura de ilegalidad que opera bajo la premisa que, para realizar un trámite municipal, sea personal o empresarial, el soborno es la única vía. Esto beneficia al pequeño sector que paga, mientras el resto de la población enfrenta trámites burocráticos por años.  Especialmente los habitantes de áreas rurales, a quienes para llevar luz o cualquier servicio a sus viviendas les exigen trámites y sumas impagables.

Por años las autoridades quetzaltecas han abandonado la gestión municipal por enfocarse en hacerse millonarios o en comprarse el carro del año. Por eso, el crecimiento urbano ha sido desmedido a costa de la sobrevivencia de la misma ciudad. Ojalá en este caso, el sistema judicial no se deje intimidar o comprar y procese a las redes de corrupción municipal.  

 

 

 

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