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Opiniones de hoy

Instancia Nacional de Consenso

opinion

La OEA le corrigió suavemente la plana al Gobierno de Guatemala.

El Gobierno de Guatemala acudió de manera precipitada, sin justificación objetiva y valedera, a la Organización de Estados Americanos, OEA, ante su incapacidad de conjurar vía el diálogo transparente y constructivo las crecientes y genuinas manifestaciones de descontento político social de noviembre del año pasado. El detonante de esa crisis, que no implicaba ninguna amenaza al régimen democrático, fue la burda aprobación del Presupuesto Nacional 2021 a altas horas de la noche por parte del Congreso de la República. Ese atropello evidenció no solo los magnos intereses corruptos del régimen gobernante expresados en ese Presupuesto sino también los de sus adláteres del Organismo Legislativo, con los cuales hacen causa común y actúan como si estuvieran en una sociedad mercantil y no al servicio del desarrollo económico y social del país. 

La OEA responde efectivamente al llamado del Gobierno de Guatemala de una manera expedita ante la invocación de la Carta Democrática Interamericana, Capítulo IV, Artículo 17, que expresa lo siguiente, “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”. 

Se preparó para ello una Misión Especial, que realizó una visita ‘in situ’ del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2020. La delegación que llegó en nombre del Secretario General de la OEA desarrolló su labor de una manera abierta y objetiva. Para efectos de dejar constancia de ello elaboraron un Informe, que se obtuvo gracias a la gentileza de la representación de la OEA en Guatemala. Este es un aporte valiosísimo, que reitera lo que la ciudadanía conoce y por lo cual se indignó y en su momento lo manifestó en la Plaza pública: “la percepción sobre corrupción e impunidad y la falta de transparencia en los asuntos públicos”. En relación a la aprobación del Presupuesto Nacional 2021, que fue lo que convocó a la ciudadanía a la Plaza, “La Misión reitera que las modificaciones que se realicen al Presupuesto vigente para el 2021 deben asegurar los máximos compromisos del Gobierno y del Congreso de garantizar transparencia, rendición de cuentas y los más altos estándares de lucha contra la corrupción”. Si bien el Presidente de la República en cadena nacional se refirió el miércoles pasado por la noche a cómo quedó finalmente la readecuación del Presupuesto Nacional 2021, prevalecen serias dudas ciudadanas de si el Organismo Ejecutivo y su socios del Congreso harán lo que dice la OEA, “garantizar los más altos estándares de lucha contra la corrupción”. 

El Informe en ningún momento menciona o relaciona la situación de que en Guatemala “está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder”, que era la justificación gubernamental para solicitar a la OEA una Misión Especial. En una forma diplomática, como corresponde, se emiten recomendaciones cuya ejecución dependen fundamentalmente de la voluntad política del Organismo Ejecutivo. Con ello la OEA le corrigió suavemente la plana al Gobierno de Guatemala y además le exhortó a que establezca algún mecanismo de diálogo multisectorial e inclusivo.

Asimismo, el Informe compromete al Ejecutivo, “La Misión agradece la disposición del Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei y el Vicepresidente Constitucional de la República de Guatemala, Lic. Guillermo Castillo, quienes reiteraron su deseo de coordinar el trabajo a futuro sobre los temas identificados por la Misión, en el marco de las funciones otorgadas por la Constitución y teniendo presente la necesidad de abordar soluciones urgentes”.

De oficio, el Gobierno de la República ha expresado el deseo de hacer propias las recomendaciones del Informe de la Misión Especial, que es en sí un una agenda de temas que efectivamente pueden ser la base para abrir espacios para un Diálogo Nacional, en el cual debería ser una condición ‘sine qua non’, que se comprometan a esa iniciativa los adláteres del Gobierno en el Congreso de la República. 

Es allí en esa alianza política y de intereses oscuros, que es cuestionada por múltiples y justificadas razones, lo que distorsiona y pone en entredicho la gobernabilidad que pueda derivarse de un Diálogo Nacional. Hay que afirmar que es ineludible el respeto irrestricto al Estado de Derecho. En este sentido, el Informe de la OEA señala con propiedad, “La necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad”. “La omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones” y “La preocupación sobre los criterios de competencia de la Corte de Constitucionalidad”. 

A la luz de estas circunstancias de dudas y de suspicacias quizá los sectores que participaron en las discusiones con la Misión de la OEA, y otros junto a personalidades destacadas, puedan propiciar la conformación de una especie de Instancia Nacional de Consenso, como la que se integró frente a los atropellos del gobierno de Jorge Serrano Elías, con el propósito de dar seguimiento a las recomendaciones de la OEA para su efectivo cumplimiento. Los países y organismos internacionales acreditados en Guatemala, que participaron en las reuniones con la Misión Especial y que siguen de cerca la situación del país, estoy convencido que podría colaborar con una iniciativa de esta naturaleza.

‘lfandradef@hotmail.com’

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