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Opinión

Gustavo Herrera: un hampón de grandes ligas exonerado por conocidos magistrados –suplentes– de la impunidad


En otros países sería insólito, increíble e inexplicable, causaría perplejidad y asombro. En Guatemala, es nuestro pan de cada día.

Los magistrados suplentes César Aníbal Najarro López (que por cierto también benefició al juez Moto), Noé Moya García y Gloria Suchité Barrientos, pisoteando las leyes del país, aprovechando que todos suelen distraerse debido a las fiestas de fin de año, resolvieron la libertad del corrupto de colección, Armando Escribá, funcionario de segunda del gobierno de la UNE, que acumuló y lavó cerca de mil millones de quetzales y de paso, anularon las causas de su persecución legal y decidieron que el caso quedara fuera de la jurisdicción de la jueza Erika Aifán. Estos mismos magistrados sinvergüenzas y corruptos sin fronteras, caraduras y con piel de danta, han resuelto anular el proceso penal en contra de Gustavo Herrera, narcotraficante, que desfalcó cerca de Q350 millones al IGSS.

Gustavo Herrera fue señalado de narcotraficante por Otto Pérez, en tiempos de Óscar Berger, cuando Pérez era comisionado de la Seguridad del Estado y, sin embargo, fue el operador clave del Partido Patriota, en el proceso de cooptar y penetrar el sector justicia, fundamentalmente las altas cortes e incluso el Tribunal Supremo Electoral. Gustavo Herrera puede tener muchas manchas en su historial, pero se las ha ingeniado para mantenerse fuera de la cárcel y ha conservado sus conexiones políticas y su enorme influencia. Hoy día, está prófugo de la justicia de Guatemala, refugiado en Nicaragua, donde el narco cleptodictador Daniel Ortega le cobra US$1 millón al mes, por mantenerlo protegido e impune. 

En 2002, el Ministerio Público (MP) dijo que Herrera planeó la compra fraudulenta de tierras y un acuerdo de construcción, de US$50 millones, que involucraba al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una de las entidades públicas más grandes de la región y, como parte del acuerdo, le vendió en US$30 millones terrenos valuados en US$1 millón.

Un notario recibió US$2 millones por falsificar los documentos; una empresa constructora recibió US$4 millones por diseñar planos de viviendas que nunca se construirían. El dinero se trasladó a cuentas en el extranjero. El exjefe del IGSS fue encarcelado, junto con tres miembros de la Junta Directiva del Seguro Social. Herrera se dio a la fuga y por medio de su abogado negó cualquier participación en el plan. Posteriormente, un juez denegó los cargos pese a las protestas del Ministerio Público (MP).

Herrera fue luego vinculado con el tráfico de drogas. En marzo de 2004, un helicóptero se estrelló en Huehuetenango, con 173 kilos de cocaína. Una investigación posterior reveló que el helicóptero pertenecía a Gustavo Herrera, y la cocaína fue rastreada hasta Otto Herrera (sin parentesco), quien para entonces era uno de los blancos prioritarios de la DEA en la región.

Otto Herrera, dijeron funcionarios guatemaltecos y estadounidenses, ayudó a mover la cocaína. Lavó las ganancias con la ayuda de personas como Gustavo Herrera, como fue citado por funcionarios del MP y del Gobierno.

Entre las personas que inculparon a Gustavo y a Otto Herrera se encontraba el entonces comisionado presidencial para la Seguridad y el después presidente, Otto Pérez Molina, quien expresó categóricamente a los medios: “Otto y Gustavo sí tienen relación con el narcotráfico”. “Se dedican al transporte, almacenamiento, distribución, y colaboraron con carteles de Colombia, Guatemala y México”.

Otto Herrera fue capturado en Colombia en 2007, y fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. 

Investigadores guatemaltecos dijeron que permanecen tres investigaciones abiertas en contra de Gustavo Herrera. Sin lugar a dudas, Herrera sigue siendo una parte fundamental del hampa de Guatemala y los investigadores encontraron vinculaciones de Herrera con otra poderosa red, encabezada por Hayron Eduardo Borrayo y su esposa, Mirza Silvana Hernández de Borrayo, narcotraficantes vinculados estrechamente a Roxanna Baldetti y que fueron extraditados a Estados Unidos de Norteamérica.

Borrayo vendía cocaína a varias organizaciones criminales mexicanas. Durante un tiempo, en 2009 y 2010, fue el principal proveedor de Los Zetas, y a su pedido entraron por primera vez a Guatemala, para asesinar al poderoso narco Juancho León, que trabajaba en conjunto con Carlos Quintanilla, secretario de la SAAS durante el gobierno de la UNE y de Sandra Torres, en esos días presidenta de facto de Guatemala, que por cierto traicionó al mentado Juancho León. Uno de sus apodos, de Borrayo, Oso, aparece en varias ocasiones en un libro de contabilidad que fue confiscado por el Ministerio Público durante su ofensiva contra Los Zetas en 2011. 

En enero de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Borrayo y su esposa Mirza formaban parte de una red más grande de lavado de dinero y tráfico de drogas. Esta red tenía por lo menos 26 empresas en Guatemala y dos más en Panamá, según el Departamento del Tesoro.

Los Borrayo y Marllory Chacón Rossell, conocida como la Reina del Sur, eran tan cercanos a Baldetti, como también lo era Gustavo Herrera, al extremo que ninguno faltó a su fiesta de 50 años.

La Sala de la Impunidad, integrada por los magistrados Najarro López, Moya García y Gloria Suchité Barrientos, que sin rigor técnico exoneraron a Gustavo Herrera, con el fin de sepultar la recuperación de los Q350 millones desfalcados al IGSS y garantizar la impunidad de Gustavo Herrera, conveniente y sospechosamente se integraron y resolvieron a velocidad de vértigo, el mismo día, han incurrido en flagrante prevaricato y obstrucción de justicia, con el añadido, que sería muy ingenuo pensar que la aberración legal que cometieron la hicieron graciosa y gratuitamente.

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