El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López Fuentes, posee una amplia experiencia en el campo de la construcción, pero no tiene conocimientos en temas de salud o en el impacto de la contaminación acústica y ambiental en la población; sin embargo, está imponiendo la construcción de un paso a desnivel en la 19 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, como una alternativa para desviar la carga vehicular de la ciudad. 

El proyecto fue impulsado por el anterior alcalde Luis Grijalva, quien no avanzó por la oposición de vecinos y familias que verán destruidas sus pocas áreas verdes, la tranquilidad de su cotidianidad, bloqueadas las entradas a sus hogares que quedarán tres metros debajo de la construcción entre otras alteraciones. 

Quetzaltenango necesita vías de desfogue, eso no se puede negar, pero las construcciones públicas no deben realizarse sin respetar el derecho a la consulta plena, libre, informada y de buena fe que asiste a las familias que viven en las áreas que serán afectadas por la construcción de las rampas donde circularán miles de vehículos livianos y pesados, un buen número de ellas son indígenas a quienes les asiste la legislación nacional y el Convenio 169 de la OIT. 

Siendo una obra pública las familias tienen el derecho a decidir si aceptan que sus calles, barrios y caminamientos peatonales sean convertidos en áreas de alto tráfico vehicular. Esta no es una decisión que deban tomar exclusivamente técnicos y autoridades. La autoridad debe facilitar lo que la población requiere, pero no imponer obras peligrosas. 

Además, la autoridad municipal debe garantizar el acceso a la información sobre la obra y los vecinos tienen el derecho a participar en el diseño, si llegaran a estar de acuerdo, así como aprobar los informes del impacto en su salud que generará la alta e imparable emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno entre otros y sobre todo el impacto que a largo plazo generará la carga vehicular sobre sus viviendas que serán afectadas por el denso tráfico durante 20 horas diarias. 

Por eso, llama la atención que este proyecto fuera aprobado por técnicos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, porque no se debe priorizar el paso de vehículos a costa de destruir la vida física, emocional, material y económica ya sea de una o de cien familias, cuyas viviendas quedarán debajo de la construcción. Una obra no puede crear conflictividad y menos fomentar el soborno de técnicos municipales o de familias que por su carencia económica ceden ante los ofrecimientos de las constructoras. 

La reorganización de las ciudades demanda planificación, cambios, acciones, pero sobre todo capacidad para ejercer gobernanza a través de obras públicas que no maten a las personas.