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Opiniones de hoy

El guardián de la constitucionalidad

opinion

La administración de justicia debe ser una misión

Los magistrados del tribunal constitucional deben ser designados atendiendo a méritos de capacidad, idoneidad y honradez

El principio de constitucionalidad supone la existencia y obligatoriedad de un valor normativo superior, garantizado por la justicia oficial y que determina la validez formal y material de las leyes ordinarias y demás disposiciones de observancia general.

Todos los poderes públicos están sujetos a ese valor normativo superior contenido en un instrumento denominado constitución, lo que demanda que los mismos deben actuar dentro de los límites competenciales y funcionales establecidos en dicho instrumento fundante del Estado, e impide a dichos poderes estatales que puedan invadir las esferas intangibles de autonomía personal de los seres humanos y sus respectivas extensiones jurídicas.

Asimismo, la validez formal y material del ordenamiento jurídico conlleva que las leyes ordinarias y demás disposiciones de observancia general se emitan de acuerdo a lo que dicta la constitución y que su contenido no contravenga el texto constitucional, que se funda en los valores, principios y fines que la originaron. Por consiguiente, la constitución debe aplicarse fielmente a los casos concretos conforme a sus mandatos escritos y no omitirlos o tergiversarlos, so pretexto de actualizarlos o, más grave aún, de politizar la justicia o judicializar la política. Al respecto, Thomas Jefferson escribió: “Nuestra peculiar seguridad está en posesión de una constitución escrita. No vayamos a convertirle en un papel en blanco a llenar”.

La estabilidad de esta estructura normativa exige la institucionalización de una jurisdicción constitucional, que es una suerte de mecanismo de control que debe asegurar que los poderes públicos se mantengan dentro de los parámetros constitucionales e invalidar y dejar sin vigencia cualquier acto o actuación incompatible con lo que ordena la constitución.

La jurisdicción constitucional está a cargo, en última instancia, del tribunal constitucional, que está llamado a ser el guardián de la constitucionalidad y no aspira a ser gobierno, ni a imponerse como un suprapoder, que concentre y ejerza poder político. 

Los magistrados del tribunal constitucional deben ser designados atendiendo a méritos de capacidad, idoneidad y honradez, así como a cualidades de independencia, imparcialidad, objetividad, ilustración, sujeción a la ley y neutralidad en el juego político. La integridad y la honorabilidad deben ser inherentes al magistrado de lo constitucional, las cuales están asociadas a la ética, a la modestia y al decoro. De esa cuenta, el testimonio de vida de los aspirantes es fundamental a la hora de la designación. Sin duda, no deben ser designados aquellos que tuvieren conflicto de interés, que la codicia sea su aspiración o que respondan a intereses creados. En todo caso, la administración de justicia pronta y cumplida debe ser una misión y un fin en sí mismo, y no el desempeño de un cargo burocrático más.

Por otro lado, la designación de los magistrados de lo constitucional no debe girar en torno a los ejes derecha/izquierda, oficialismo/oposición y docilidad/insumisión, sino en torno a los ejes honestidad/indignidad, excelencia/mediocridad y vocación/oportunismo. 

Ahora que el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Usac y el Colegio de Abogados deberán elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que se desempeñarán por los próximos cinco años, a partir del 13 de abril de 2021, resulta pertinente que se decanten por profesionales del Derecho intachables, que respondan a la difícil coyuntura que enfrentamos, en la que la justicia oficial está necesitada con urgencia de sabiduría, erudición y decencia.

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