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Opiniones de hoy

Alejandro Giammattei Falla: reprobado en su primer año de gobierno

opinion

La autoridad indígena diversa es la reserva moral de Guatemala y del continente, torturado por un sistema sediento de metales estratégicos y materias primas baratas.

El 14 de enero de 2020, asumió la presidencia de Guatemala Alejandro Giammattei Falla, en el Teatro Nacional, acompañado de su hija Marcela, con el fondo de la canción “A mi manera”, reflejo de su empecinamiento en hacer las cosas a su estilo visceral e intransigente, replica anacrónica del terror ubiquista y de sus métodos para someter a la población y poner el gobierno al servicio de la elite.  En sus discursos como candidato respaldó la pena de muerte, se pronunció en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, contra el matrimonio de personas del mismo sexo y a favor de militarizar la seguridad ciudadana.  Esas líneas se extendieron en su discurso de toma de posesión en donde abundaron los gritos, enfocándose en amenazar a los integrantes de las maras con convertirlos en terroristas y prometió imponer una agenda de seguridad basada en el fortalecimiento del sistema punitivo. 

Tras 15 años de buscar ser presidente e intentarlo con el apoyo de cuatro diferentes partidos (GANA 2007, CASA 2011, FUERZA 2015 y VAMOS 2019) asumió el poder prometiendo “no terminar en el basurero de la historia.” Sin embargo, al final de su primer año es evidente su incapacidad para mantener la unidad del gabinete, en donde resaltan sus profundas diferencias con el vicepresidente Guillermo Castillo a quien ignoró desde que asumió el poder.  Al final Giammattei pareciera haber pactado con las redes que mantienen el control territorial del país para hacer negocios ilícitos y transformarlo en cementerio de avionetas.  

Un año fue suficiente para que Giammattei quemara el poco capital político que poseía, hundiendo con él, lentamente al sistema desgastado y corrupto, que para mantener el control y la desigualdad ha recurrido a la represión policial y la manipulación mediática que recuerdan la violencia estatal del conflicto armado (1960-1996).  La historia social ha documentado cómo durante sus primeros 365 días, Giammattei empeoró el descalabro heredado por el cómico Jimmy Morales (2016-2020).  Su desgobierno ha movilizado desde noviembre pasado, a sectores de los pueblos indígenas, juventudes universitarias, organizaciones feministas, colectivos de ciudadanos, trabajadores de diversas regiones del país, médicos entre otros para exigirle su renuncia y la de la cúpula corrupta incrustada en el ejecutivo, legislativo y judicial.  

La lista de acciones deleznables arrancó al iniciar su mandato con la espada desenvainada buscando cortar de tajo el trabajo de las organizaciones de derechos humanos sancionando el decreto 4-2020 que buscó reformar la Ley de ONG y la Corte de Constitucionalidad debió corregirle la plana.  A ello se agrega la absoluta falta de transparencia en el manejo de los más de 4 mil millones de dólares en préstamos contratados en el marco de la pandemia de la COVID-19 que no llegaron a la población.  A pesar de que asume ser médico fue evidente su total incapacidad profesional pero sobre todo humana para enfrentar la pandemia y dirigir el manejo de la misma logrando que el hambre, la pobreza y el desempleo exasperen a la población de todos los niveles sociales.  Impuso Estados de Sitio y de Prevención para gobernar, amedrentar y criminalizar exclusivamente a comunidades indígenas que reclaman el ejercicio de sus derechos territoriales, y sigue guardando silencio mientras miles de guatemaltecos son deportados de EE.UU en medio de la pandemia.  

Además, Giammattei usó la violencia institucional y el sistema de justicia para reprimir y encarcelar a familias completas por ejercer el derecho a la protesta pacífica; promovió abiertamente los golpes para detener a las mujeres, incentivando la misoginia en las fuerzas del orden público; ordenó a las fuerzas de seguridad dispararles a los ojos a los manifestantes; y alimentó el nepotismo político al crear un Centro de Gobierno a cargo de su compañero de vida Miguel Martínez.  A esas repudiables acciones se añade el perseguir, golpear y amedrentar a periodistas, fotógrafos y comunicadoras independientes en diferentes regiones de Guatemala. Y continuando viejas prácticas de clientelismo político, Giammattei paga con plazas dentro del Estado a personas que le apoyaron durante su campaña, pero que carecen de capacidad técnica para desempeñar los cargos. 

Y cuando convocó a un fugaz diálogo nacional excluyó de entrada a los pueblos indígenas que son la mitad de la población del país y quienes fueron los más afectados por las tormentas Eta y Iota y los menos atendidos durante estos desastres aduciendo que no se podía llegar hasta las comunidades.  Si se hubiera tratado de comunidades privilegiadas y blancas lo hubiera logrado, pero como fueron comunidades mayas y pobres dejó que más de 200 personas del caserío Quejá, en el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz quedaran soterrados como animales.  Por eso, los pueblos indígenas cansados de tanta deshonra histórica demandan la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que cada vez más gana más adeptos a nivel nacional, porque propone que sean representantes de los diferentes pueblos quienes redacten una nueva Constitución para sentar las bases de un Estado que refleje los múltiples rostros de Guatemala. Está claro que la semilla de otra nación, desde la diversidad de los pueblos, empieza a germinar en medio del desgobierno de Giammattei.    

Sin credibilidad y refugiado en su bravuconería, Giammattei le huye a la prensa crítica, mientras se agravan las condiciones de la población afectada por la pandemia, las inundaciones y las destrucciones dejadas por los huracanes que solo han ensanchado los bolsones de extrema pobreza y la necesidad por migrar.   

De espaldas a la cooperación para el desarrollo

Al iniciar 2020, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), advirtió que en Guatemala de nada servirá el combate a la criminalidad, si no se rompe con el modelo que para muchos deja como únicas salidas, la economía informal, la migración a los Estados Unidos o la delincuencia.  Bárcena, le recordó a Giammattei que solo entre 2006 y 2014, Guatemala agregó dos millones de pobres a los que ya tenía y cayeron en pobreza extrema otro medio millón.  A pesar de que cada año 200 mil jóvenes ingresan al mercado laboral, la economía apenas genera 20 mil nuevos empleos.  Por eso, más del 70 por ciento de los hogares guatemaltecos dependen de la informalidad como resultado de que no se genera empleo en el campo y en la ciudad.  El Estado carece de políticas sociales, como lo señaló Bárcena, y se requiere de permanentes inversiones sociales y abandonar la estafa de llamar “emprendedores” a miles de vendedores ambulantes que viven en la miseria y dependen de lo que logran cada día, mientras los trabajadores formales son la clase que sostiene la tributación nacional dado que la evasión fiscal es un derecho que ejercen legalmente las grandes compañías y empresas, sin que nadie las persiga o las penalice.   

La inversión pública de Guatemala es una de las más bajas del continente, por eso, el 46 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica, mientras que la cobertura educativa a nivel primario, en lugar de aumentar disminuyó, lo que impacta en que a nivel nacional solo el 25 por ciento de los inscritos completen la educación secundaria.  Guatemala, dijo Bárcena, “tiene una ubicación estratégica privilegiada, con una población multiétnica joven, es la cuna de una gran civilización, con grandes reservas de biodiversidad genética y abundantes recursos energéticos renovables, un país que tiene un enorme potencial para generar crecimiento incluyente”.  

Este potencial, sin embargo, requiere de algo más que un modelo que busque generar ganancias destruyendo la naturaleza y priorizando acciones represivas y criminales en contra de comunidades, lideresas y líderes indígenas, que se oponen a los diversos proyectos extractivos, hidroeléctricos, a la agricultura basada en monocultivos que es igual de extractiva y no sostenible, a proyectos negociados por funcionarios a espaldas de las comunidades, que por siglos han habitado en esas regiones y para quienes los recursos naturales son sus medios de vida, y que al ser destruidos los obligan a migrar a las ciudades o a integrarse a los bolsones de pobreza y violencia. Un ejemplo de la criminalización practicada por este gobierno es la continuidad del encarcelamiento del líder qeqchi’Bernando Caal Xol, condenado a más de 7 años de cárcel por defender los recursos hídricos de su comunidad, y en particular el río Cahabón.    

Frente a este desafío que enfrentan la casi totalidad de las comunidades de Guatemala, Giammattei durante su primer año ha ignorado a las comunidades y a sus autoridades, optó por no escucharlas y aplicar él mismo la discriminación, mientras sus esfuerzos se concentran en apoderarse de los fondos públicos y en priorizar las alianzas público-privadas, un eufemismo para denominar negocios neoliberales que matan la vida, la flora, la fauna y destruyen el mundo mineral que no es renovable.  Frente a esto, y aunque no sea la panacea, el gobierno de Giammattei ha dejado poco espacio para negociar y maniobrar con seriedad el Plan de Desarrollo para Centroamérica y México de la CEPAL en beneficio de las poblaciones y comunidades. 

Los migrantes el sostén de la economía y fuerza política

Giammattei y su gobierno presentan como un logro el aumento de las remesas de los trabajadores migrantes en los Estados Unidos que para diciembre de 2020 superó los once mil millones de dólares, o sea, más de 87 mil millones de quetzales que equivalen a más del 13 por ciento del Producto Interno Bruto.  Sin embargo, este aporte a la economía nacional y que le permite al actual gobierno una relativa estabilidad no ha sido suficiente para que Giammattei levante la voz y negocie las condiciones de los más de tres millones que viven sin documentos en EE.UU y que diariamente son cazados en sus espacios de trabajo o de vida y deportados sin garantías de sus derechos humanos, tanto de ellos como de sus familias.  Si los migrantes están sosteniendo la economía guatemalteca, lo mínimo es que el presidente opere una política exterior a favor de ellas y ellos.   

Mientras tanto, la clase política y empresarial que por desidia histórica es causante de esa migración forzada, busca abonar la idea de establecer un impuesto a las remesas como acto extremo para arrancarle todo lo que puedan al trabajador, que con sacrificio ha migrado arriesgando su vida para sostener a su familia y ahora al país.  Si bien, las remesas han facilitado los procesos de desarrollo local y de superación familiar, especialmente en departamentos indígenas, también es cierto que en muchos casos apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas.  

Sabedores de la importancia estratégica a futuro del voto guatemalteco en los Estados Unidos, los partidos políticos que están al servicio del esclavismo feudal buscan controlar a CONAMIGUA, entidad usada por el Estado para recolectar contribuciones de los migrantes a cambio de promesas falsas.   Como bien lo señaló, el último comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, en la Universidad de Stanford (2020), los migrantes con su poder económico y fuerza política, fácilmente podrían sentar en la silla al próximo presidente de Guatemala.  Los migrantes y sus familias representan lo que puede obtenerse con un esfuerzo sostenido, a pesar del dolor del desarraigo, dado que sus ingresos contribuyen a la conformación de una nueva generación de guatemaltecos diaspóricos, en donde sin duda está la semilla de una Guatemala distinta. 

La pandemia

La pandemia de la COVID-19 está poniendo a prueba la capacidad de gobiernos y sociedades para atender a los infectados, contener la dispersión de la enfermedad y encontrar soluciones duraderas, particularmente en contextos donde la desnutrición de la población es alta, el desmantelamiento de los servicios hospitalarios está a la orden del día y la falta de equipos y medicinas es permanente.    Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan al menos 2.3 trabajadores de la salud por cada mil habitantes.  Sin embargo, el desprecio de Giammattei por la salud de la nación, hacen que en Guatemala continúe un solo médico atendiendo a más de mil habitantes, tan desigual si se compara con Cuba en donde hay ocho médicos por cada mil habitantes.  

La pandemia evidenció que Guatemala carece de ambulancias, inmunólogos, infectólogos y virólogos, sumado el desmantelamiento del mecanismo de salud liderado por la exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, quien buscó centrarse en los recursos médicos de las comunidades para instaurar un sistema de prevención efectivo. Así el gobierno de Giammattei, junto a su ministro de economía Antonio Malouf y el comisionado de la COVID-19 Edwin Asturias han dejado que los pueblos indígenas, ladinos y mestizos pobres enfrenten la pandemia como puedan. Sin ningún respaldo social, como escribió Rigoberto Quemé Chay“al hacer matar de la contrainsurgencia, se agrega el dejar morir en tiempos de pandemia.”Y es que aunque Edwin Asturias, profesor en la Universidad de Colorado, llegó para dirigir la Comisión Nacional contra el Coronavirus, su gestión quedó a deber y difícilmente existe instancia oficial con credibilidad para saber ¿cuál es la realidad nacional y regional de la pandemia?  Ni siquiera con la asesoría de los mejores cerebros se puede superar la crisis, porque antes debe desmantelarse el modelo proclive al feudalismo oligárquico, los privilegios castrenses, el anticomunismo como discurso de destrucción del otro o el conservadurismo armado.  

A la ciudadanía sólo le ha quedado el heroísmo del personal médico que, pese a la falta de insumos, malos salarios, salarios atrasados o no pagados enfrenta la crisis. Y los pocos avances son acciones como la de los estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería, quienes, con el apoyo de Aldo Dávila, diputado de Winaq, lograron que luego de cuatro años se agilizaran los trámites para obtener sus títulos.  Y mientras la pandemia avanza los empresarios de la salud multiplican sus ganancias, la cúpula política en el congreso y en el ejecutivo se disputan la repartición del presupuesto de salud y el sector privado trata de ocultar los contagios de los trabajadores, quienes sin importarles los riesgos ante la apremiante necesidad de generar el sustento para sus familias ponen en riesgo su salud.  Pareciera que cada vez que sobreviene un desastre quedan al desnudo las desigualdades estructurales que Guatemala arrastra por siglos, pero sobre todo la incapacidad de sus gobernantes y la llegada del apocalíptico COVID-19 no ha sido la excepción.

Deshacerse de funcionarios incómodos 

Durante su primer año Giammattei, al servicio de la Guatemala blanca y acaudalada que gobierna desde el CACIF, ha acuerpado la cooptación de las cortes a través de Gustavo Alejos, Felipe Alejos, Allan Estuardo Rodríguez, presidente del Congreso, y Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta interina de la Corte Suprema de Justicia desde octubre de 2019, entre otros funcionarios y lo han logrado, retrasando maquiavélicamente durante 15 meses la elección de las cortes.  Esta acción ha sido vigorosamente denunciada y rechazada por la sociedad civil, la comunidad internacional y los centros jurídicos respetuosos de la ley a nivel mundial.  Y para lograrlo Giammattei ha contado con el respaldo de la Fiscal General Consuelo Porras, quien con su trabajo abona al derrumbe de la endeble legitimidad del sistema. Patético rol y una triste huella que deja para el sistema de justicia universal esta mujer, quien, a pesar de sus limitaciones, pudo dejar un legado que ensanchara el camino abierto con admirable eficacia por las fiscales Claudia Paz y Paz (2010-2014) y Thelma Aldana (2014-2018), quienes a pesar de sus diferentes posiciones ideológicas coincidieron en que nadie, sin importar su condición de clase, etnia, género o linaje puede estar por encima de la ley.

Durante el 2020, juntos el poder ejecutivo a la cabeza, y en alianza con el legislativo y el judicial buscaron tomar control del andamiaje institucional de la nación y para lograrlo siguen empleando medios legales e ilegales para inmovilizar al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, a jueces como Ericka Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yasmin Barrios, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, entre otros.  Precisamente, contra Juan Francisco Sandoval, aunque parezca una broma, la señora Porras ha autorizado más de nueve procedimientos administrativos con el propósito de frenar su trabajo. Al finalizar su primer año, Giammattei ha intentado deshacerse y complicarles el trabajo a funcionarios sobrevivientes de la purga anti CICIG.  Su reto es cómo hacerlos a un lado para finalmente lograr la privatización de las carreteras, consolidar y ampliar la privatización del sector energético y del modelo extractivo que Giammattei prometió al sector privado a cambio de que le permitieran, después de 15 años de mendigar apoyos, sentarse en la silla presidencial. 

El racismo craso y desbordado en la república del señor presidente

Durante su campaña presidencial Giammattei mostró el paternalismo criollo de sus posiciones en su trato hacia un colectivo de jóvenes indígenas de diversas comunidades mayas, invitados por algunos indígenas que previamente negociaron con él y su partido cargos en el Ministerio de Cultura y en otros espacios gubernamentales a cambio del voto indígena.  Como corolario de esta estrategia de servil clientelismo, en un acto digno de la colonia jóvenes indígenas bailaron alrededor de él y algunas terminaron besándole la mano en un acto indignante y ofensivo, que, si Giammattei tuviera un mínimo de conocimiento sobre las opresiones raciales, hubiera sido el primero en oponerse a esos excesos, pero carente de las bases fundacionales que todo político debería poseer, se dedicó a disfrutar de su rol de encomendero.  

Ya en la presidencia ese paternalismo se transformó en un craso racismo desbordado en su visita a San Juan Comalapa, Chimaltenango donde en contraste con el estilo sereno de sus anfitriones, Giammattei violentó la formalidad protocolaria de la investidura presidencial, al considerar impertinente la exposición de uno de los líderes sobre la forma en que la minería lastima la vida de las comunidades, como si parte de su función no fuera escuchar al pueblo.  Sin embargo, aprovechó el momento para cuestionar el gasto social que exige la población, acusó a los vendedores de verduras de no pagar impuestos y remató diciendo que Guatemala es un gusano feo. Luego de esa visceral actuación intentó cubrir su desembozado racismo armando un consejo indígena nacional, que solo duró para la foto, pretendiendo como en cualquier situación colonial, ningunear, cooptar, engañar y tratar con desdén a los pueblos originarios y a sus autoridades. 

Con sus acciones Giammattei evidenció cómo el colonialismo interno sigue aplastando a indígenas, garífunas y afrodescendientes como pueblos, pero también a sus líderes que levantan la voz, y pagan con su vida el anhelo por una vida mejor.  Un ejemplo son los dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) ultimados durante el año que concluyó, y la persecución y asesinato de Benoit María, médico veterinario francés que desde su llegada a Guatemala trabajó con el pueblo Ixil.  Ninguno de estos asesinatos cometidos durante esta presidencia ha sido esclarecido y el presidente no se pronunció ni ha demandado se investigue y castigue a los autores intelectuales y materiales.  

La barbarie feminicida

Durante el primer año del gobierno de Giammattei los feminicidios, los abusos contra niñas y mujeres en espacios públicos y privados no han cesado.   Según el estudio de Victoria Sanford de próxima publicación, Bittersweet Justice: Feminicide and Impunity in Guatemala, donde analiza diversos informes de organismos internacionales, Guatemala es uno de los países con más altos índices de violencia contra las mujeres, al extremo que el número de feminicidios ya supera a Ciudad Juárez, Chihuahua, México.  En Guatemala las altas autoridades toleran el asesinato de mujeres y la violencia contra las y los niños. Como dice Rebeca Lane, cantante de hip hop guatemalteca y líder del movimiento Somos Guerreras, hartas de andar con miedo, las mujeres de Guatemala y de todo el mundo están reaccionando en contra del imparable número de asesinatos y violaciones que alcanza los niveles de un genocidio.  

Guatemala conmemora cada 9 de marzo a las 41 niñas quemadas vivas a plena luz del día con autorización del expresidente Jimmy Morales y durante la actual presidencia no se ha hecho nada porque las investigaciones avancen y se castigue a los responsables.   Mientras no se sancione a los autores intelectuales y materiales el Día Internacional de la Mujer, perdurará como un signo del irrespeto a la dignidad de las niñas y jóvenes.  

La violencia contra las mujeres se agravó por el confinamiento de la pandemia, de enero a mayo del 2020, según el Observatorio de Salud Reproductiva, 46,863 niñas víctimas de violencia sexual resultaron embarazadas, sin que ninguna autoridad del primer nivel de gobierno denunciara la gravedad, ni llamara al cumplimiento de la ley.   Para agravar la situación de las mujeres y sus organizaciones, el mismo presidente ha paralizado el trabajo y el accionar de la Secretaría Presidencial de la Mujer, a pesar de que era parte de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, ante acciones como estas no es extraño que los feminicidios no se detengan, y que Guatemala sea el país latinoamericano donde las mujeres tienen más dificultad en acceder a tierra cultivable, a créditos dignos y a salir de la pobreza.  

Precisamente, por actitudes de irrespeto hacia las instituciones que a nivel nacional velan por la vida de las mujeres el país ha perdido apoyos de organismos internacionales, que cansados por su indiferencia han optado por cancelar fondos y asignarlos a otros países latinoamericanos, en donde los gobiernos están dispuestos a respaldar la lucha de las mujeres por sus vidas y por construir equidad. 

Doble estándar

Tiránico, impulsivo y caprichoso, el presidente en su primer mes creó el Centro de Gobierno, una instancia ineficaz y al margen de la Constitución para vigilar al vicepresidente y a los ministros y al frente colocó a Miguel Martínez, joven inexperto pero cuya cercanía con el mandatario contrasta con la figura de político de extrema derecha, acuerpado por un partido político enemigo abierto del aborto y de los derechos de los homosexuales, quien durante su campaña aseguró que no le haría falta testosterona para enderezar Guatemala.  La descomposición, la doble moral del fanatismo religioso y la frivolidad han debilitado a un gobierno caracterizado por las veleidades de un presidente hablador y bilioso.  

Centro de Gobierno

Por eso, mientras Giammattei se pierde en las mieles de Eros, las cúpulas nacionales siguen buscando completar la cooptación de los poderes públicos manteniendo la impunidad, imponiendo la agenda para las décadas venideras, que incluye liberarse de la obligación de pagar impuestos, para trasladarlos a los trabajadores, acabar con las consultas comunitarias amparadas en el Convenio 169 de la OIT y repartirse las ganancias que dejan los negocios ilícitos.  El escenario recuerda la Francia de Luis XVI en la víspera de la Revolución Francesa, cuando las cúpulas se refocilaban en el exceso y la glotonería, mientras el pueblo se mordía el estómago y acumulaba frustración y enojo.  

La ciudadanía horada reprueba su gestión 

Y mientras en múltiples comunidades miles de familias aún padecían las consecuencias de las inundaciones y los deslaves por los huracanes Eta e Iota el Congreso, con el apoyo del ejecutivo  en horas de la madrugada del 18 de noviembre consumaron un nuevo atraco al aprobar el presupuesto 2021 que anulaba los fondos para atender la desnutrición, le reducía el presupuesto a la Procuraduría de Derechos Humanos, mientras incrementaba la deuda externa, la compra de un edificio para el Congreso y mayor presupuesto para al Parlamento Centroamericano.  Esto provocó, a partir de noviembre marchas, plantones y manifestaciones en la plaza central de la capital y en las principales ciudades del país, y pese al encierro de la pandemia persisten las demandas de que Giammattei renuncie debido a su incapacidad y complicidad en la escandalosa corrupción que hace de Guatemala uno de los países peor gobernados de todo el hemisferio. 

Ante el desbordamiento de la población que demandaba su salida, el gobierno terminó atrapado en la madeja de su propia corrupción e invocó la Carta de la OEA, un organismo regional desprestigiado que inmediatamente envió una misión presidida por Fulvio Pompeo, exministro argentino del gobierno de Mauricio Macri, participante en la fallida y corrupta venta de aviones Pampa en tiempos de Jimmy Morales.  Instancias y personalidades honorables se negaron a seguirle el juego a Giammattei y a la OEA, y la visita de la misión, fue otro episodio ilustrativo de cómo los organismos latinoamericanos serviles a la voluntad de las pequeñas élites globales protegen a sus alfiles cuando estos terminan inmovilizados por sus propios actos de corrupción e incapacidad técnica.   

La prensa y“el buen gobierno” 

El 2020 fue uno de los peores años para la prensa nacional independiente y crítica, el presidente se empeñó en limitar la libertad de expresión y bajo ese criterio durante su gobierno se asesinó, intimidó y maltrató a la prensa democrática.  La prensa que no adula estorba al autoritarismo y a partir de la expulsión de la CICIG en 2019 se incrementaron las agresiones contra comunicadores cuya labor ha sido investigar e informar sobre las redes lícitas e ilícitas que viven parasitariamente del Estado.  A partir de las manifestaciones de noviembre el gobierno les ha dado carta blanca a las fuerzas de seguridad para destruir equipos, agredir, capturar y encarcelar a periodistas como consta en los casos de Sonny Figueroa, Carlos Cano, Carlos Sebastián, las hermanas Andrea, Gabriela y Lucía Ixchiu, Anastasia Mejía Tiriquis y Petrona Sys Castro, entre otros comunicadores.     

Torpemente molesto por los cuestionamientos de la prensa, Giammattei ha recurrido a opiniones infantiles como expresar que “no es Harry Potter para resolver todos los problemas que ha acumulado Guatemala a lo largo de su historia” y ha asumido la premisa de que “a la prensa se le pega o se la paga” como apuntaba Alvaro Arzú.  Aunque su gobierno se ha caracterizado por importar asesores de imagen y mercenarios de la pluma, para maquillar las acciones del presidente y confundir a la población.  Bien haría Giammattei en recordar que acallar a la prensa nunca ha sido signo de buen gobierno, dado que el periodismo crítico, informa a la ciudadanía y construye sociedades fuertes.  

Una ciudadanía menos paciente y más consciente

El coronavirus lanzó al mundo de regreso al futuro verde y difícilmente se saldrá de la crisis sino se priorizan las necesidades básicas, y lo superfluo, la ostentación y la opulencia se sustituyen por prácticas de vida y políticas públicas que prioricen el bienestar colectivo de los seres humanos y el cultivo de la sociedad del conocimiento al servicio de la comunidad y la persona y no del mercado.   

El dominó del coronavirus está acabando con vidas, devastando economías y desplazará a los políticos, a quienes parece olvidárseles que la angustia colectiva por la sobrevivencia es un combustible altamente inflamable.   Y allí está Giammattei, afanado en endeudar a la nación para salvar a los poderosos e indiferente a la posibilidad de desbordes sociales mayores que las protestas de noviembre.  La alta burocracia disfruta de salarios de escándalo y la directiva del Congreso en contubernio con el ejecutivo lucran con la pandemia, mientras la población está a expensas del contagio.  

Una lección positiva es que el año 2020 mostró menos tolerancia ciudadana a las acciones corruptas de la clase política.  Sin embargo, a falta de una CICIG que fiscalice e investigue, los profesionales del desfalco, el nepotismo y el arte de armar empresas de cartón han seguido operando.  

Frente a esto, Giammattei debe actuar y no permitir que el CACIF siga desplazando a la Secretaría General de Planificación Económica. Sí Giammattei quiere sobrevivir los tres años que le restan en su período presidencial, debe tomar el timón y mostrar pericia para cruzar las rudas aguas de la reestructuración económica, legal, social y política.  Ya no existe ni existirá la normalidad que conocíamos y para enfrentar los desafíos no basta el optimismo ingenuo, las caritativas donaciones, el patriotismo caduco o la grotesca publicidad oficial y privada.  

Y en el plano internacional, aunque la región no será prioridad para el nuevo presidente de EE.UU, es positivo que Joe Biden anticipara que apoyará una versión de la CICIG para Guatemala y Honduras.  Esto podría cambiar levemente la forma en que se atiende la migración y el crimen organizado infiltrado en los estados centroamericanos. La diáspora guatemalteca está a la expectativa de cómo se negociará el ofrecimiento de Biden de regularizar la situación de los trabajadores migrantes, así como el anuncio de la nueva vicepresidenta Kamala Harris de que se hará más expedito el otorgamiento de permisos de residencia de los migrantes que ahora solo tienen permisos temporales de trabajo.

Los retos

Giammattei tomó posesión hace doce meses y después de anunciar el profesionalismo de su equipo de trabajo, ha sido todo lo contrario, los resultados son negativos.  Sus asesores extranjeros se han ido marchando al concluir sus contratos, y como los anteriores, este gobierno corre el riesgo de terminar sepultado por su propia corrupción de cuello blanco.  Y conforme pasen los meses de este segundo año, se hará más notoria su falta de proyecto de nación y el ensanchamiento del agujero fiscal, como consecuencia que Guatemala tiene la tasa más baja de tributación fiscal del hemisferio, pero la tasa más alta de desnutrición del planeta.

Durante este primer año, en el marco de la pandemia, la insensibilidad humana de Giammattei, ante la muerte de guatemaltecos por la COVID-19 fue la regla, se esfumó la credibilidad de su gobierno que ha sido imposible de sostener con apariciones teatrales repitiendo promesas de ayuda que nunca llegan a los más necesitados. 

Queda ahora documentar cómo procederá frente al desafío de vacunar a la población contra la COVID-19 y si el proceso será transparente o nuevamente los poderosos intereses lucrarán con este derecho. De igual manera, queda la duda de hasta donde el gobierno de Giammattei tendrá la capacidad y las agallas de negociar en condiciones de igualdad con el nuevo gobierno de EE.UU temas centrales como la migración y cómo enfrentar el crimen organizado.   Por lo pronto, ya informó que durante 2021 no habrá aumento al salario mínimo y sería iluso pensar que la prometida reactivación económica será para todos los sectores y pueblos, sin destruir los recursos naturales o que priorice empleos en la agroecología y destine las mejores tierras a la producción de alimentos.  

El 2021 es un año que inicia con desafíos que van desde la hambruna que golpeará a las mayorías y a los más pobres de Guatemala, hasta el cambio climático que avanza creando nuevos fenómenos que están modificando la vida humana.   A este paso, si las autoridades no asumen con responsabilidad técnica y ética los desafíos nacionales no soportarán la prueba de la historia y la ciudadanía joven indígena, mestiza y ladina, activa desde diferentes plataformas organizativas ejercerá su poder para exigirles rendición de cuentas. 

Además, los reclamos por instituir espacios democráticos no son asunto de un solo grupo como asegura Giammattei.  La sociedad guatemalteca está activamente exigiendo y merece soluciones creíbles para reorientar el rumbo del país en un viraje productivo hacia la economía verde, que promueva el cooperativismo, la agricultura orgánica, desprivatice los recursos hidráulicos y energéticos, y priorice la formación de recursos humanos al servicio de la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad nacional.  En esa dirección, merecen respaldo las empresas que cumplan con el fisco, respeten a los trabajadores y a la naturaleza.  Así como el apoyo a la pequeña y mediana empresa que brinda servicios esenciales, sin olvidar las regulaciones a las grandes empresas, como lo hacen los países democráticos considerados ejemplo de un liberalismo democrático.  

Finalmente, Giammattei no puede seguir viendo, ni colocando a los pueblos ancestrales como pasajeros de segunda clase en el tren nacional. Las distintas organizaciones a través de las cuales se ejerce la autoridad indígena son invisibles para la partidocracia nacional.  Sin embargo, a nivel local, municipal y regional, la autoridad indígena en sus diversas expresiones de comités, organizaciones, redes, asociaciones, colectivos, pero sobre todo las mujeres indígenas con su extraordinaria capacidad creativa y productiva están evitando que sea mayor el desastre humanitario producto de la extrema desigualdad y la pandemia. La autoridad indígena diversa es la reserva moral de Guatemala y del continente, torturado por un sistema sediento de metales estratégicos y materias primas baratas.

Palo Alto, CA., 13 de enero 2021.  

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