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Opiniones de hoy

Hacia un suicidio colectivo

opinion

El Gobierno ha decretado medidas sanitarias para las escuelas del sistema educativo dejando entrever que sería posible la asistencia de niños, niñas y adolescentes a las aulas. Esto justo cuando una nueva ola de la pandemia empieza a afectar a Guatemala. 

 

Guatemala enfrenta los efectos de una nueva ola de contagios de la pandemia provocada por el COVID-19 debido a las acciones flexibles que el gobierno de Alejandro Giammattei permitió desde hace ya varios meses argumentando que la nueva normalidad tenía retos y había que afrontarla. El gobierno de Giammattei parece empecinado en enviar a la población guatemalteca a un suicidio masivo todo por obedecer a una agenda económica y empresarial que no tolerará una serie de medidas extremas como ocurrió al principio de la pandemia que provocó el cierre total de las actividades de toda índole en el país. 

Tan cerrado está de no entender los efectos devastadores que podrían venir que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) emitió el Acuerdo Ministerial número 300-2020 en cual decreta la apertura del ciclo escolar. En sus considerandos, el MSPAS establece que el Estado, ante la epidemia del COVID-19 y de otras que puedan provenir, debe de promover el marco jurídico bajo el cual se garantice la continuidad en la educación para el sistema educativo anual, en un ambiente seguro y de bajo riesgo para los niños, niñas, adolescentes, personal docente y administrativo. 

El Acuerdo aprueba la Norma Sanitaria para la Prevención y Control de Infecciones por SARS-CoV-2 y otras epidemias, para el sistema educativo nacional que incluye el tablero de alerta sanitaria. Sin establecer y diagnosticar las consecuencias devastadoras de esta nueva ola, que de momento ya provoca que los hospitales nacionales estén ocupados en su máxima capacidad, el Gobierno pretende que los niños regresen a las escuelas con normas esenciales de prevención y protección sanitaria. Estas normas siguen siendo las del uso universal de la mascarilla, el distanciamiento social de al menos 1.5 metros, higiene de manos con agua y jabón o gel con alcohol y ahora obliga a estudiantes, personal docente y administrativo a usar mascarillas quirúrgicas, protección facial y ventilación natural en las aulas. 

Decreta un distanciamiento social en los establecimientos y dicta una organización de aulas y mobiliario sin tomar en cuenta que las condiciones físicas de las escuelas públicas o están en detrimento o simplemente no son espacios para cumplir estas normativas. Y si se cumplen, es evidente que no se atenderá al cien por ciento de los estudiantes que asisten al servicio público lo cual provocaría violaciones a sus derechos humanos sobre todo el acceso a la educación. 

Delega de manera irresponsable el monitoreo a los comités escolares de gestión para la reducción de riesgos quienes serán los responsables de la adecuada vigilancia de la salud de los estudiantes, personal docente, administrativo y padres de familia, cuando en realidad esa es responsabilidad directa del MSPAS y del propio gobierno de Giammattei. 

La ministra de Salud debe de rendir cuentas esta semana en el Congreso de la República y será importante escuchar sus argumentos pues si el Gobierno abrió las puertas para una nueva ola de contagios el MSPAS está mandando al suicidio colectivo a las niñas, niños y adolescentes del sistema escolar público. Estas medidas han provocado que la población se relaje y cometa irresponsabilidades al asistir y provocar aglomeraciones en espacios públicos como balnearios, playas y fiestas de fin de año. Una nueva crisis sanitaria empieza y el Gobierno parece encomendar a cada ciudadano su cuidado mientras sigue con su discurso de “Dios bendiga a Guatemala”.

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