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Opiniones de hoy

Un mejor futuro es posible

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Los esfuerzos deben centrarse en los factores y situaciones que impiden mejorar.

Tal y como se acostumbra con ocasión de las festividades de fin de año, hubo abundantes expresiones por un feliz año 2021, implícitas las esperanzas de un futuro mejor para todos y cada uno de nuestros seres queridos, amigos, compañeros, vecinos y en general, del país y de la humanidad entera, palabras que expresan un genuino deseo porque eso ocurra, pero que no aseguran ni procuran que esos parabienes se concreten en el futuro. Aunque a nivel micro (persona, familia, empresa, asociaciones, grupos, comunidades y otros) suelen alinearse los esfuerzos hacia la búsqueda de ese objetivo, esto no necesariamente ocurre en la sociedad en su conjunto, ni en grandes espacios territoriales a nivel nacional, regional, departamental o municipal, en los que estos objetivos solo pueden buscarse en el marco de la organización política y administrativa de las sociedades y en las que, salvo raras excepciones, es muy común que tales expresiones no impliquen el firme propósito, compromiso y disposición de alinear esfuerzos y recursos tanto personales como colectivos en función de un futuro mejor.

Uno de los principales requisitos para convertir nuestros más fervientes deseos en esperanzas realizables consiste en reconocer la realidad y “poner los pies en la tierra” y aplicar los recursos al logro de avances en ese proceso. Los esfuerzos deben centrarse en los factores y situaciones que impiden mejorar, empezando con la escasa participación política que es la actividad humana donde se tratan y resuelven decisiones del Estado en función del progreso y el bienestar general, pues el futuro no depende solo de nuestras propias fuerzas, sino de que las condiciones sociales y políticas sean propicias. Es ilustrativo el caso de la calificación de riesgo país derivada del embargo interpuesto por Duke Energy en contra del Estado de Guatemala que redujo las calificaciones de riesgo de las instituciones bancarias líderes, no porque hayan sido afectadas, sino porque ninguna empresa nacional puede lograr, aunque lo merezca, una calificación de riesgo mejor que la asignada al país.

El marco jurídico institucional es determinante y, sin embargo, ante el hecho de que el nuestro hace aguas por todos lados, nos quedamos generalmente en la queja y en la denuncia acerca de las deficiencias de nuestro sistema político que son causa y origen del mal funcionamiento del sector público guatemalteco. Nos disgusta la forma como se “eligen” o designan funcionarios tan relevantes como los diputados, los magistrados de las Cortes Constitucional, Suprema de Justicia y de Apelaciones; agobia la falta de representatividad y legitimidad en los funcionarios y representantes electos y sus actuaciones; escandaliza la viciada tarea de las Comisiones de Postulación, nos desalienta la escasa o ninguna acción de la Contraloría y del MP, etcétera; pero, ante la ausencia de voluntad política ciudadana para promover los cambios, seguiremos permitiendo que se elijan diputados, jueces, magistrados y funcionarios estatales clave, con las mismas reglas responsables de la situación actual.

En verdad, un futuro mejor es posible, siempre que haya compromiso para hacer las decisiones de manera diferente; de lo contrario, nos quedaremos en deseos, no obtendremos los resultados deseados y profundizaremos la mediocridad.

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