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Opiniones de hoy

El Ministerio Público tras Estuardo Gálvez y el juez Mynor Moto

opinion

Al parecer, ahora sí, el MP va tras Gálvez Barrios y Moto Morataya, a quienes debe investigar a fondo, para tener suficientes indicios y pedir su captura, en el caso de ser necesario.

El Ministerio Público informó el pasado 23 de diciembre de 2020 que recibió un informe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad –FECI– con relación a la convocatoria realizada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para efectuar el acto electoral para elección de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad –CC–. En dicho comunicado el MP manifestó que de los cinco candidatos que compiten en la elección, tres no tienen denuncias ante ese organismo y que dos de ellos sí los tienen. Se trata del licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala –Usac– y del juez Mynor Mauricio Moto Morataya, los investigados por la FECI. Y de quienes afirman no tener idoneidad para desempeñarse como magistrados de la CC. El pasado 30 de diciembre de 2020 se realizó un segundo allanamiento en la Usac con el fin de obtener documentación que soporte la investigación de varios casos de corrupción que se investigan, durante la gestión rectoral de Estuardo Gálvez Barrios. El día de ayer, la FECI presentó ante la –CC– un nuevo antejuicio contra el juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato. Ya el MP había presentado previamente otro antejuicio en contra del mencionado juez por el caso denominado Bufete de la Impunidad. Al parecer, ahora sí, el MP va tras Gálvez Barrios y Moto Morataya, a quienes debe investigar a fondo, para tener suficientes indicios y pedir su captura, en el caso de ser necesario. Posteriormente demostrarles en los juicios que no tienen honorabilidad reconocida ni honradez y que han cometido delitos, si este fuera el caso. En estas pesquisas, es muy importante seguir las pistas del dinero, el rastro que va dejando. En el caso de Gálvez Barrios tiene varias colas pendientes de ser machucadas. Entre las variadas que tiene está el Edificio de la Dirección General de Administración –DIGA– por Q40.6 millones de quetzales, cuya documentación revisa la FECI, la compra del terreno de la zona 17 para la construcción de un Centro Universitario Metropolitano –CUM– por el cual la Usac pagó Q29.9 millones y que estaba valuado por Q26.6 millones de quetzales. Este terreno, según los documentos presentados por la CICIG al MP, no es apto para ninguna construcción de inmuebles. Otro sonado caso, el edificio para la Facultad de Ciencias Médicas en el Centro Universitario de Occidente –CUNOC– por Q64.1 millones de quetzales, que fuera licitado y ganado por la empresa COCISA y que ya no fuera construido. La Usac en tiempos de Gálvez Barrios dio un adelanto de 11 millones de quetzales, que debían ser devueltos y que al momento se desconoce por la comunidad universitaria y nacional si ese dinero fue reembolsado en su totalidad.  La cuestión es preguntarse si un exrector de la Usac con su salario se puede adquirir una residencia que puede costar entre 12 y 14 millones de quetzales o si con sueldo de juez se puede vivir por encima del nivel de vida, de los ingresos que se tienen legalmente. En el caso del juez Moto, se puede decir que ha realizado resoluciones muy cuestionadas. Benefició a la jueza Martha Sierra de Stalling, al diputado Felipe Alejos, del partido Todos, a la diputada Mirza Arriaga, y al diputado Orlando Blanco, de la UNE. Habría que ver si en ambos casos el patrimonio de cada uno corresponde a sus ingresos, legalmente percibidos.

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