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Opiniones de hoy

Un cambio de rumbo

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Es tiempo ya de impulsar cambios que fortalezcan la justicia.

Las páginas de 2021 tan solo empiezan a escribirse. Podría ser un año más de lo mismo, lo que significaría seguir retrocediendo en la viabilidad de nuestro sistema democrático porque bien es sabido que lo que no avanza, retrocede. Este año podría ser, con la suficiente determinación, un año de cambio de rumbo. Podría convertirse en el año en el cual se empieza a recuperar el camino del fortalecimiento institucional, se introduzcan reformas a un sistema en crisis permanente, y se sienten las bases para alcanzar una era de desarrollo sostenible.

Un cambio de rumbo positivo debería de caracterizarse por iniciar el proceso de fortalecimiento institucional desde las entidades más importantes hacia el resto del sistema. El primer gran desafío consiste en la elección este año de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Es fundamental que sean letrados independientes, comprometidos con hacer valer la ley, y no con ideologías o grupos de poder. Un segundo paso imprescindible, son la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, que desde hace más de un año debieron ser elegidos por el Congreso. El tercero, un acuerdo nacional de apoyo al Ministerio Público, en un esfuerzo profundo por combatir el crimen organizado y la corrupción. 

Después de lograr, la base de la reforma en el sector justicia, debe iniciarse el proceso de reformas en el organismo ejecutivo y en el sistema electoral y de partidos políticos. Esta es una agenda que debiese ser consensuada a través de un diálogo amplio a nivel nacional. Es la gran oportunidad de lograr elaborar unas reformas, suficientemente profundas, para volver a hacer funcionales a los ministerios y entidades del sector público, a la vez que se fortalece la carrera de servicio civil, y se plantean cambios constitucionales y legales para que el sistema de partidos políticos evolucione en una nueva dirección, más transparente e independiente, de mayor cercanía con sus electores y sin conflictos de interés.

En términos de la estrategia de desarrollo sostenible, es básico poder llegar a acuerdos nacionales que garanticen cambios profundos en las metas y operación del gasto social. Es fundamental aceptar que los métodos actuales no están logrando resolver el atraso en los indicadores sociales que presenta Guatemala. Se necesita un plan concreto que garantice el acceso a salud, nutrición y educación de calidad a toda la niñez del país. Es un tema de mayor asignación de fondos, de programas que funcionen, de transparencia en el gasto público y de sistemas de alianzas público privadas para lograr resultados mejores y en menor tiempo.  

La cuarta ruta de trabajo es la económica y es la que marcará la diferencia en el mediano plazo. No se requiere de inventar el agua azucarada. Es materia de implementar un programa de reactivación económica que privilegie la inversión en los sectores prioritarios, con mayor participación de inversión privada que pública, con un sistema que persiga efectivamente el contrabando y la evasión fiscal, a la vez que se impulsan las actividades que puedan impulsar el comercio interno y externo, especialmente dirigido hacia Estados Unidos, mercado al que debiésemos enviar más bienes y servicios y menos connacionales. La gestión ambiental sostenible es otro tema fundamental en esta agenda. Suena complejo pensar en el cambio de rumbo, pero no hacerlo es resignarse a una eventual implosión de todo el sistema. Es tiempo ya de impulsar cambios que fortalezcan la justicia, la verdadera institucionalidad con objetivos concretos de desarrollo en materia social y económica, en este 2021.

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