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Opiniones de hoy

Asamblea Nacional Constituyente

opinion

No podría aceptarse una actuación de facto.

La actual Constitución (1985) dispone que corresponde a la ANC reformar las normas relativas a derechos individuales y la que así lo establece.

El poder constituyente es la suprema autoridad del Estado, que tiene la facultad originaria de decretar la Constitución, así como la atribución derivada de aprobar sus reformas. A lo largo de la historia jurídico política de Guatemala, el poder constituyente se ha venido manifestado a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), del Organismo Legislativo o de ambos, con o sin referendo ratificatorio, que es un mecanismo de democracia directa.

La Constitución de 1879 establecía que la Asamblea Legislativa (AL) debía decretar las reformas constitucionales y que la ANC debía aprobarlas o improbarlas. Asimismo, en la reforma constitucional de 1927 se determinó que para la reforma total de la Constitución y para la enmienda de las normas relativas a la prohibición de reelección presidencial y de la prórroga del periodo presidencial, la AL debía decretar la respectiva reforma en dos periodos legislativos ordinarios distintos y consecutivos; y, asimismo, que la ANC debía conocer dicha reforma, para su aprobación o improbación, hasta que hubiesen transcurrido seis años después de haberse decretado la enmienda por la AL, con el propósito de que el gobernante de turno no pudiera beneficiarse. En las Constituciones de 1945 y 1956 se mantuvo este procedimiento reformista, aunque se incluyeron otras normas cuya enmienda debía ser decretada por las dos legislaturas y aprobada por la ANC después de seis años de decretada.

En la Constitución de 1965 se retomó la tesis de que el Congreso debía señalar los artículos de la Constitución que debían revisarse y la ANC debía aprobar o improbar la enmienda normativa, aunque se determinaron disposiciones constitucionales irreformables.

La actual Constitución (1985) dispone que corresponde a la ANC reformar las normas relativas a derechos individuales y la que así lo establece, así como que el Congreso debe aprobar la reforma de las demás normas constitucionales, enmienda que, para que cobre vigencia, debe ser ratificada a través de un referendo o consulta popular.

Por tanto, bajo la vigencia de la actual Constitución, la ANC solo es competente para reformar las normas constitucionales relativas a derechos individuales, así como la disposición que así lo establece; y, asimismo, al Congreso le corresponde aprobar la enmienda de los demás artículos de la Carta Magna (relativos a derechos sociales, régimen económico-social y organización y funcionamiento del Estado), la cual deberá ser ratificada en consulta popular. De ahí que cualquier iniciativa de reforma constitucional debe sujetarse al procedimiento de enmienda normativa previsto en la Constitución, o sea que el trámite de esta iniciativa está sujeto a los límites jurídicos establecidos por el Magno Texto, a la luz de que en un Estado Constitucional de Derecho los actos del poder constituyente deben apegarse al orden jurídico constituido vigente. De lo contrario se habilitaría una suerte de golpe de Estado.

Por consiguiente, no puede aceptarse una “actuación de facto” con miras a enmendar la Constitución, que ocurriría al pretender reformarla a través de un procedimiento no establecido en la misma. De ahí que no puede pretenderse que la ANC enmiende preceptos constitucionales cuya reforma no sea de su competencia; y, en todo caso, una convocatoria a la ANC con tal propósito sería nula de pleno Derecho y en fraude de la Constitución.

Por otro lado, no puede asumirse que la ANC tiene potestad irrestricta para reformar total o parcialmente la Constitución. Lo anterior sin perjuicio de que la propia Carta Magna establece que esta “no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza”.

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