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Opiniones de hoy

El derecho a exigir cambios radicales

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La ciudadanía sabe que los políticos y la oligarquía que los apoya adolecen de una ceguera moral que no les permite preocuparse por los cambios que pueden venir.

En un libro reciente, la pensadora italiana Donatella di Cesare repara en que uno de los rasgos del comienzo del tercer milenio es la imposibilidad de imaginar el futuro. Esta aseveración se ha visto confirmada por los inesperados, aunque no imprevistos, acontecimientos del 2020. El sentimiento de desamparo social ya se había manifestado, sin embargo, en la depresión, ira y desconfianza que ha atravesado la sensibilidad de nuestro tiempo. De ahí que, desde hace algún tiempo, a pesar de la amenaza neofascista, se multiplicaran las insurgencias sociales en el mundo entero.

Guatemala, a pesar de las jornadas de 2015, parecía ser reacia a las últimas olas de protesta planetaria. Interesantes conversaciones con mi colega José Alfredo Calderón me han aclarado las raíces históricas de una pasividad política que, coincidimos, han inducido a una miopía política que suele promover mezquinos y estériles protagonismos políticos.

Así las cosas, es esperanzador el enardecimiento político de un buen sector de la ciudadanía que ya no está dispuesta a servir de comparsa de su propio martirio. La sociedad guatemalteca ha comprendido que la captura mafiosa del Estado es una simple cuestión de vida o muerte que se decide en los escenarios de la vida cotidiana. La indignación de verse sujeto a la ambición de auténticas aves de carroña ha despertado la cólera de una ciudadanía que experimenta en carne propia la degradación de los más infames operadores de la necrocorrupción. 

Ya no existe la menor confianza de la población en este Gobierno lleno de figuras que tal vez solo merecerían ser recordadas en un museo de cera dedicado a la ignominia. ¿Resulta entonces condenable el enojo político de la ciudadanía?

Al responder a esta pregunta resalta la necesidad de resistir la capacidad de manipulación del Gobierno. Aunque pudo haber cierta infiltración, esto no debe llevarnos a descalificar el enojo ciudadano. Las sociedades solo han cambiado cuando los que ejercitan el poder sienten miedo, aunque ahora sea difícil lograrlo con los auténticos psicópatas que han secuestrado el Estado. Se debe reconocer la legitimidad de esa molestia, para no hacernos cómplices del que nos golpea de manera cotidiana. Debemos abandonar ese buenismo que sirve de garantía al Gobierno empeñado en la manipulación.

Por lo mismo, el reciente acuerdo entre el Presidente y el Vicepresidente no basta para apagar la sed de justicia ciudadana. La herida política es mucho más profunda. En consecuencia, es necesario continuar con las protestas y no dejar que estas se apaguen antes de encauzar un proceso más amplio y profundo.

En particular, es imprescindible aunar esfuerzos para apoyar a esa juventud que reclama el derecho a tener un futuro. Cuando el movimiento universitario llama a una articulación de movimientos que busca un nuevo proceso constituyente no hace más que expresar el imperativo de sobrevivencia generacional. Este movimiento, que descubre con grandeza su vocación constituyente, debe integrarse en un frente organizado capaz de remover las trampas que nos han tenido atados por siglos.

Se calcula que para el 2028 la civilización de combustibles fósiles llegará al colapso. La ciudadanía sabe que los políticos y la oligarquía que los apoya adolecen de una ceguera moral que no les permite preocuparse por los cambios que pueden venir. Es claro, entonces, que el sistema sociopolítico debe desmantelarse para construir un Estado constitucional que ya no sirve a las elites enloquecidas por el olor del dinero.

La lucha es intensa y debe librarse en todas las áreas de la vida: como trabajadores, como académicos, como consumidores. La protesta no tiene que ser sangrienta, pero sí debe detener el país hasta que esta partida de malhechores suelte el poder. Es tiempo de recuperar el futuro que se le niega a nuestra amada juventud.

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