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Opiniones de hoy

Autoritarismo policial y criminalización de la protesta social

opinion

Que en la actualidad la Policía use tácticas represivas de 1970 y 1980 solo evidencia el fracaso de la supuesta “transición democrática”.

La violencia policial es parte fundacional sobre la cual el Estado guatemalteco y su economía han sido edificados. Aunque fuerzas de control y seguridad siempre existieron de manera descentralizada en la época colonial, no es coincidencia que la Policía Nacional, como institución, fuera establecida durante el gobierno de Justo Rufino Barrios (1873-1885), quien lejos de liderar una “revolución”, estuvo al frente de procesos de saqueo de tierras y de la imposición del trabajo forzado contra la población indígena y algunos sectores pobres de Guatemala. 

En ese periodo, la Policía Nacional fue fundamental para controlar la fuerza de trabajo, criminalizando a la población civil, excluyendo a las personas en base a su etnicidad y clase, para justificar y obligarlos legalmente a cumplir trabajo esclavo que los dirigentes del Estado utilizaron para proveer a las fincas de las elites económicas, pero también para construir la mayoría de la infraestructura del país. 

Durante las más de tres décadas de conflicto armado, en la capital y en las áreas urbanas la violencia policial no fue masiva, como lo fue en las áreas rurales y comunidades indígenas, pero sí fue constante. A partir del Golpe de Estado de 1954 la selectividad de la violencia policial significó que la represión dependía e iba de la mano de la construcción de redes de vigilancia que funcionaron a través de la infiltración de la Policía en grupos organizados de oposición, el espionaje y sobre todo la sistematización documental para recabar la mayor información sobre la población acusada de ser “enemiga interna”. Todo con el fin de desarticular cualquier proceso de organización fuera político o no.

Que en la actualidad la Policía use tácticas represivas de 1970 y 1980 solo evidencia el fracaso de la supuesta “transición democrática”. La contrainsurgencia del pasado sigue presente porque nunca desapareció, solo se modificó, adaptó e integró a las instituciones “democráticas”. A pesar de diversos intentos, la Policía Nacional Civil de la posguerra nunca se transformó estructural y orgánicamente, ni en su jerarquía ni en sus filas, por eso, nunca se logró enterrar a la Policía Nacional de los tiempos de la guerra. 

En el contexto actual, militarizado y violento, en donde prevalecen políticas autoritativas de mano dura –populares en el país– el Gobierno sigue utilizando la vieja técnica de usar infiltrados que pretenden ser manifestantes violentos para causar caos y justificar así el uso de la violencia y la fuerza represiva. 

Aunque, hasta cierto punto, el gobierno autoritario de Alejandro Giammattei sabe que no necesita criminalizar totalmente las protestas, porque las elites conservadoras y temerosas lo harán por el sistema y por él.

 

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