Mostrando su descarada subordinación al Ejecutivo y a Sandra Torres, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante el Acuerdo 360-2020, ilegalmente suspendió los derechos políticos contenidos en los artículos 135 y 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), que establecen los deberes y derechos cívicos y políticos, además de limitar el derecho fundamental de reunión y manifestación, garantizado en el Artículo 33 de la CPRG, y en clara contradicción con el Artículo 138 de la CPRG, que establece la única forma, en que se puede imponer una limitación constitucional de ciertos derechos ciudadanos.

El decreto identificado, en su artículo segundo, ordena a sus delegaciones y subdelegaciones que cumplan una orden evidentemente abusiva e inconstitucional, comprometiendo a todos los funcionarios del TSE, que al obedecer esta aberración, incurrirán en acciones claramente delictivas.

El Tribunal Supremo Electoral está violando la Constitución de la República, al emitir un acuerdo que hace sujetos de persecución penal de oficio, incluso a sus “nada honorables” magistrados.

El TSE no está facultado para regular los derechos políticos de los ciudadanos, menos aún, a suspenderlos por la vía de facto.

El acuerdo emitido por el TSE no tiene efecto jurídico alguno y deberán ser perseguidos penalmente los magistrados responsables, toda vez que es un atentado contra la libertad y democracia de Guatemala, y es fundamental sentar un precedente.

Esta “güizachada” del Pacto de Corruptos fue realizada con el fin de complacer a una de sus dirigentes incondicionales, Sandra Torres, que con este acuerdo ilegal busca impedir las asambleas del partido UNE, sobre el cual pretende mantener sus abusos y desmanes dictatoriales.

La independencia, credibilidad, reputación y la transparencia del TSE son mitos del pasado. Si así son las vísperas cómo serán las fiestas, cuando tengan lugar las próximas elecciones.