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Opiniones de hoy

Reforma constitucional: urgencia y viabilidad

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He sostenido durante años, la conveniencia de promover reformas constitucionales

El resultado de la consulta electoral del pasado domingo en Chile, con aplastante mayoría en contra de la actual Constitución promulgada en 1980, texto que en el transcurso de su vigencia (40 años) ha sufrido 35 reformas que significaron modificación, derogatoria o introducción de por lo menos unos de 120 artículos afectando ámbitos de singular importancia de la vida nacional.     Por ello, llama la atención el resultado de la consulta chilena, pues se trata de una Constitución cuya reforma fue no solo viable sino efectiva, y que ahora pareciera ser de urgencia pues, de hecho, las innumerables reformas aprobadas y puestas en vigor debieron haber permitido la actualización de su texto a las circunstancias cambiantes de los diferentes momentos históricos vividos por la sociedad chilena en los últimos 30-40 años.   

 

En Chile, el “aggiornamento” del texto constitucional ha sido práctica permanente: más de 35 reformas en cuarenta años; entre otras muchas, se realizaron reformas para profundizar el pluralismo político después de la dictadura, se moderaron los estados de excepción, se crearon nuevas normas para los gobiernos regionales y  poderes locales, se estableció la segunda vuelta electoral presidencial, se realizaron reformas relativas a la educación, se facultó a la unión de las cámaras (Congreso y Senado)  para la aprobación de reformas constitucionales y, nada más y nada menos, se creó el Tribunal Constitucional como órgano contralor de la constitucionalidad de las normas y decisiones nacionales. 

 

En Guatemala, en 35 años, ha sido posible solo una reforma tipo parche en 1993, para salir del rompimiento constitucional de Jorge Serrano, incluyendo preceptos que ahora urge corregir, tal como la incorporación de comisiones de postulación para la nominación de candidatos a integrar las cortes judiciales y otros cargos como los del Contralor General y el Fiscal General, que ahora se evidencian inconvenientes y que debemos cambiar con urgencia.    De ahí en adelante, no hemos ni siquiera intentado gestionar que un ciudadano civil pueda desempeñar el cargo de Ministro de la Defensa Nacional, reservado para oficiales militares, tema de segunda importancia si se compara con otros preceptos que constituyen verdaderos valladares para asegurar, por ejemplo, la actualización de los preceptos constitucionales no solo a las realidades cambiantes, sino una mejor administración de justicia y gobernabilidad en general, pues nuestro texto constitucional está ya relativamente obsoleto y requiere de cambios en una amplia gama de temas. 

 

He sostenido durante años, la conveniencia de promover reformas constitucionales empezando con la del Artículo 280 Reformas por el Congreso y consulta popular, procedimiento vigente, difícil y casi imposible de aplicar con éxito, sumamente costoso, sujeto a “campaña electoral”, convertible en referéndum sobre el gobierno de turno, etc., para disponer un nuevo procedimiento que dé oportunidad a la ciudadanía, a la democracia y a la política, que sea viable, factible, barato, rápido, ampliamente dialogado, menos sujeto a presiones súbitas y que permita el cambio gradual y progresivo del texto constitucional, pues no es suficiente lamentarnos de sus fallas y soñar con los cambios que queremos sino, por el contrario, debemos urgentemente consensuar, definir y cambiar el procedimiento de reforma constitucional para hacerlo gradual, progresivo y permanente.

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