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Opiniones de hoy

Irrefrenable combate contra la corrupción

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La reciente detección y confiscación de Q122 millones en un inmueble ubicado en La Antigua, Guatemala, que involucra a exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales, suma que supuestamente proviene de sobornos, ha evidenciado que la batalla sin cuartel que se ha venido librando contra la corrupción no ha disuadido a los funcionarios y políticos de cometer actos de corrupción (enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, fraude, malversación, etcétera) en el desempeño de los cargos públicos.

Al inicio del actual gobierno se prometió mucho, pero, prácticamente, no se ha hecho nada en materia anticorrupción y transparencia. Por el contrario, la burocratización, el despilfarro, la opacidad y el uso discrecional de los fondos públicos han caracterizado y acompañado a la actual gestión de gobierno, al igual que ocurrió durante los regímenes corruptos de Álvaro Colom (2008-12), Otto Pérez Molina (2012-5) y Jimmy Morales (2016-20).

Asimismo, siguen viento en popa los fideicomisos de ejecución de gasto público, que aseguran el uso discrecional de los fondos públicos, la administración no controlada de recursos estatales por conducto de oenegés extranjeras, así como la canalización de dineros a través de empresas vinculadas a servidores públicos (diputados constructores, financistas electorales y demás).

Sin duda, resulta imperativa la persecución penal en contra de funcionarios y empleados públicos sindicados de la comisión de actos de corrupción, de los responsables de financiamiento electoral ilícito y de clientelismo político, de los contratistas que defrauden al Estado, de los contrabandistas, así como en contra de los usufructuarios y saqueadores de las finanzas públicas en general.

Al efecto, el Estado de Guatemala debe redoblar sus esfuerzos en su lucha contra el secreto de Estado, ya que nada debe hacerse a espaldas de la ciudadanía, así como garantizar que todas las actuaciones públicas se rijan por la transparencia, que se basa en el principio de máxima publicidad, consagrado en la Constitución y en la Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo, es fundamental que se proteja y defienda la libre emisión del pensamiento, la libertad de prensa, la confidencialidad de las fuentes de información, la seguridad personal de los comunicadores, así como el libre acceso a las fuentes de información, ya que la preservación de dichas libertades es esencial para la vida democrática, para fortalecer la conciencia política de la sociedad, para proscribir la opacidad en el manejo de la cosa pública y para asegurar el libre juego de opiniones y la autocrítica.

En todo caso, aprovechamos la oportunidad para saludar la disposición del nuevo Embajador de los EE. UU., William Popp, en continuar apoyando y cooperando con las instituciones del sector justicia en la lucha contra la corrupción y la impunidad, con estricto apego a la Constitución y la ley.

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