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Opiniones de hoy

El valor de la FECI

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A la fiscal general, Consuelo Porras, la Historia no la absolverá.

El viernes 16, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) nos dejó estupefactos. Oficialmente nunca se incautó tanto dinero (Q122.3 millones) de una organización criminal, y tampoco, jamás, se depositó la confianza pública en una unidad estatal como en esta, conformada por un grupo de fiscales jóvenes, liderados por Juan Francisco Sandoval.

El 3 de abril de 2003, la policía antinarcóticos y el MP allanaron la vivienda de Otto Herrera, uno de los capos del narcotráfico, y reportaron la incautación de US$14 millones, que al tipo de cambio actual serían alrededor de Q109 millones. Pero la leyenda urbana dice que, al llegar a esa cifra –viendo que faltaba por contar un volumen equivalente– los jefes de las unidades decidieron hacer corte de caja y repartirse entre ellos el saldo.

La FECI es el legado institucional de la CICIG, tras su desmantelamiento hace poco más de un año. El legado de la CICIG era mucho más amplio. Incluía alrededor de 70 guatemaltecos formados durante años en investigación, análisis y litigio en los campos especializados que abarca la corrupción y el crimen. Un verdadero activo para fortalecer el MP y otras unidades del sistema seguridad del Estado. Pero fueron rechazados.

Cuando no hay compromiso, los burócratas siempre encuentran las argucias para decir “sí, pero no”. Es un ciclo de nunca acabar. Cuando estuve a cargo de la Secretaría de Análisis Estratégico, una de las prioridades de gestión fue formar cuadros especializados de alto nivel. Tuvimos apoyo de varios países, pero con el cambio de administración, el personal calificado que retornaba se topaba con un clima laboral hostil.

El fortalecimiento institucional es clave para la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país, pero su degradación en los últimos gobiernos es espantosamente acelerada a causa de la expansión sin precedentes de las redes de corrupción y crimen. Desde 2008 –cuando se conformó la FECI, entonces Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG (UEFAC)– se desplegó un notable esfuerzo de policías, fiscales, investigadores y analistas, dirigido a remover las estructuras mafiosas. Pero no hubo proceso de reconstrucción normativa e institucional. 

Al contrario. A partir de 2017 las mafias se atrincheraron en el Congreso y en el Ejecutivo y sabotearon cualquier intento de reforma. El nombramiento en 2018 de la fiscal general, Consuelo Porras, marca el final la etapa de la contención de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el inicio de su desmantelamiento. 

La FECI ha sobrevivido, pero está bajo asedio. Hay casos de alto impacto que vienen del periodo de la CICIG y están relacionados con la mayoría de la población de Mariscal Zavala. Pero es un caso actual –vinculado al intento de asalto del IGSS– el que colocó particularmente en la mirilla a la Fiscalía Especial. A partir de entonces, se insinuó –en un memorando oficial de los consejeros de la fiscal general– su liquidación, y se procedió a someter a procesos administrativos a varios de sus integrantes. Pero la treta es despojarle los casos “sensibles” y de alto impacto e infectarla introduciendo un caballo de Troya que contiene 60 funcionarios.

La FECI es un símbolo de justicia en Guatemala. Es la pequeña vela que ofrece luz en esta inmensa y densa oscuridad, donde reina el crimen y la impunidad. La fiscal general, Consuelo Porras, se está echando al hombro una inmensa responsabilidad histórica, al seguir el guion que le indica apagar esta vela tenue, restándole oxígeno, poco a poco, y corrompiéndola. La Historia no la absolverá.

 

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