Con la llegada de Alejandro Giammattei a la presidencia se han incrementado de manera exponencial los ataques y sobre todo la persecución a periodistas, defensores de Derechos Humanos, activistas e investigadores sociales a lo largo y ancho del país.

Ante las acciones represivas que no solo se ejercen en la capital, las preguntas que surgen son:

¿Cómo el gobierno de Giammattei está logrando perseguir simultáneamente las voces que se levantan en los diferentes espacios nacionales? ¿Cuál es la estrategia de control que diseñaron, aprobaron y que ahora ejecutan? ¿A través de qué instituciones públicas, privadas o mixtas se están realizando las acciones de vigilancia en áreas urbanas y rurales de manera paralela? ¿Quién o quiénes están financiando el trabajo detallado de análisis e identificación de las voces que escriben en la prensa, hablan en la radio o denuncian a través de las redes sociales, espacios comunitarios o nacionales?

Estas y otras preguntas surgen al analizar el mapa de noticias que se generan diariamente y al comparar semanas o meses se logra identificar que lo que hay detrás de estas violencias es una política y un plan macabro de mentes represivas que busca por medios institucionales instaurar un estado de terror, miedo y de paralización, a través de revivir técnicas que son parte de la etapa más violenta del conflicto armado, pero que Giammattei ha desempolvado con magistralidad para crear un caos en donde a la población le quede claro el mensaje: nadie va a desafiar al presidente y quien ose hacerlo, será castigado, usando a las fuerzas de seguridad -lo cual no es nuevo- para detenerlos, levantar falsos cargos y trasladar al sistema de justicia a las y los “rebeldes”, para que allí, a través de jueces cómplices de la corrupción y del sistema, se castigue a las y los que disienten usando la ley y condenándolos sin pruebas. El escenario nacional pareciera develar que este gobierno ha creado o fortalecido instituciones dedicadas al control, seguimiento y documentación del trabajo y de la vida de miles de personas.

Nada de lo que están enfrentando mujeres y hombres periodistas, defensores, líderes locales o nacionales, es extraño o ajeno a la historia de la institucionalidad guatemalteca. Lo que sí está claro, es que las diferencias que existen entre Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo, en el fondo, es lo que ha evitado que más defensores terminen en la cárcel, condenados, torturados o asesinados.  Esa disputa que mantienen ambos, por el control del poder, en el fondo, ha detenido que el nivel de la represión y el acoso se disparen y conviertan a Guatemala en una dictadura, dado que Giammattei sabe que no posee todas las cartas para culminar su plan.