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Opiniones de hoy

¿Otra vez más impuestos?

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Ha trascendido que el régimen de Alejandro Giammattei, al igual que ocurrió con los regímenes de Vinicio Cerezo (1986-91), Alfonso Portillo (2000-4), Álvaro Colom (2008-12), Otto Pérez (2012-5) y Jimmy Morales (2016-20), está siendo persuadido por los militantes tributarios, que, obsesivamente, propugnan porque se cargue a la población con más impuestos, a decretar un nuevo “paquetazo tributario”, sin importar que la economía guatemalteca esté atravesando por su peor momento desde la Gran Depresión ocurrida durante los años 30 del siglo pasado, debido a los efectos perniciosos y devastadores que está causando la pandemia del coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

A estas alturas, para nadie es un secreto que el grueso del gasto público se destina a burocracia, despilfarro, corrupción, gravosos pactos colectivos de trabajo y clientelismo. Esto último es tan cierto que el mal llamado “gasto social” no se está destinando a apoyar a los sectores más miserables y vulnerables del país, sino que a cultivar “clientelas electoreras” que favorecen a los partidos que accionan para mantener la “cleptocracia”. Por tanto, se confirma, una vez más, que solo se piensa en tener dinero para “pistear” a los que votan y punto.

No hay duda, entonces, que las propuestas de los militantes tributarios solo se destinan a recaudar más dinero (vía impuestos y deuda pública) para que se gaste más en burocracia, en financiar a las “clientelas electoreras” o para que se despilfarre, desvíe o malverse. Por supuesto, sin que los gastadores rindan cuentas, sin que se les persiga penalmente por enriquecimiento ilícito, sin que se les obligue a racionalizar y transparentar el gasto público, sin que tengan que responder por la calidad del gasto, sin que se prohíba el gasto discrecional, sin que se aplique la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos en los fideicomisos públicos, sin que el Congreso apruebe o impruebe las ejecuciones presupuestarias anuales y sin que las transferencias presupuestarias se sujeten a límite alguno.

En relación a la calidad del gasto público y a la efectiva fiscalización no se propone nada. Nada se dice tampoco del sistema paralelo de gasto público: Fideicomisos públicos, secretarías de la Presidencia, comisiones presidenciales, fondos sociales, consejos de desarrollo (que ejecutan el presupuesto correspondiente al listado geográfico de obras que se recetan los diputados), oenegés y demás mecanismos de gasto público discrecional y opaco. Tampoco existe un análisis crítico del explosivo endeudamiento público, que, teóricamente, debería destinarse a inversión pública y no a gasto de funcionamiento.

Todos sabemos que en el sector público se ha instalado una insufrible cleptocracia que cada día traga más y más recursos productivos de la población, sin que mejoren los servicios públicos (seguridad, educación, salud, justicia, alimentación, infraestructura física, control ambiental, etcétera) y sin que la fiscalización sea eficaz.

¡Conciudadanos! ¡Opongámonos a nuevos impuestos y a que los politiqueros sigan endeudando al país! ¡Luchemos contra la corrupción en el gobierno! Ejerzamos el derecho constitucional de resistencia a la opresión.

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