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Opiniones de hoy

La elección de magistrados en impasse

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El 13 de octubre de 2019 venció el periodo constitucional de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), extremo que, de conforme a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), causó la pérdida de su calidad como magistrados. No obstante, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el proceso de postulación de magistrados y habilitó un plazo para una evaluación extemporánea de magistrados y jueces, por lo que se prorrogó de facto el periodo de funciones, lo que obligó a los ocupantes de las magistraturas a continuar en sus cargos.

Habiendo el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) realizado una evaluación exprés de los juzgadores, con base en un instructivo improvisado, sin contar con una unidad de evaluación de desempeño con la capacidad técnica requerida, sin acatar los estándares internacionales exigidos por la LCJ, así como limitándose a examinar, a rajatabla, la gestión de los juzgadores de uno de los 5 años del período de funciones, la CC recondujo el trabajo de las comisiones de postulación. Sin embargo, a finales de febrero de este año, la CC, de nuevo, suspendió el proceso, a petición del Ministerio Público (MP), esta vez cuando el Congreso se disponía a elegir magistrados. Esta suspensión obedeció a que se descubrió y evidenció un intento de manipular e influir en la elección de magistrados en torno a la figura de un ex funcionario que guarda prisión preventiva. Varios de los que visitaron o se comunicaron con el mencionado detenido, están sindicados y son objeto de investigación penal, entre los que se cuentan algunos gestores, comisionados, diputados y candidatos.

La CC, en sentencia de amparo de fecha 6 de mayo de 2020 (expediente 1169-2020), ordenó al MP que entregara a los diputados “información sobre la investigación penal efectuada por el MP, relativa a la manipulación e influencia que pudo haber existido en el proceso eleccionario de mérito”, así como las sentencias condenatorias y suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal otorgado a los candidatos postulados, para que los congresistas, dentro del plazo de 20 días, analizaran la información remitida, excluyeran a los candidatos involucrados en la referida manipulación e influencia, así como que hubiesen sido condenados o beneficiados, y procedieran a elegir, mediante voto público razonado, a los respectivos magistrados, bajo apremio de accionar penalmente en su contra.

La indicada sentencia contiene aspectos controversiales, porque: (i) Se ordena al MP que traslade al Congreso la información sobre la investigación penal en torno a la referida manipulación e influencia, objeto de reserva, judicialización y contradictorio; (ii) Al excluirse, por orden expresa, a los candidatos a magistrados que son objeto de la referida investigación criminal, condenas o beneficios de índole penal o procesal penal, automáticamente se desintegran las nóminas de candidatos a magistrados, elaboradas por las Comisiones de Postulación, y se reduce el número de candidatos previsto en la Constitución, entre los cuales los diputados deben elegir a los magistrados; (iii) El voto público razonado en el Congreso tomaría mucho tiempo; y (iv) No se excluye como electores a los diputados que están siendo investigados por manipulación e influencia. El MP solicitó, sin éxito, la anulación de dicho fallo. Por otro lado, en el informe que el MP entregó al Congreso se descalifica no solo la nómina de candidatos a magistrados, sino también la integración de las Comisiones de Postulación, el procedimiento de puntuaciones de aspirantes empleado, así como las evaluaciones de magistrados y jueces llevada a cabo por el CCJ. Por tanto, según el MP, todo el proceso de selección está viciado.

La sentencia de marras dio pie a una denuncia penal contra 4 magistrados de la CC, que la CSJ remitió al Congreso, para efectos del antejuicio correspondiente. La CC, integrada con 3 de los 4 magistrados denunciados, suspendió el traslado de dicha denuncia al Congreso y ordenó a la Comisión Permanente del Congreso (CPC) que suspendiera el trámite del antejuicio. La CPC presentó otra denuncia contra los 3 magistrados de la CC indicados, por haber actuado como juez y parte, y la CC, a su vez, presentó otra denuncia contra la CPC, por desobediencia. El viernes pasado, el MP envió dichas denuncias a la CSJ, para el trámite de los antejuicios.

Como podrá advertirse, la elección de magistrados está en un impasse y, lamentablemente, no se ve la luz al final del túnel, en detrimento, por supuesto, de la justicia oficial.

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