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Opiniones de hoy

Pretenden derrumbar lo construido en 20 años

opinion

Mientras en Guatemala ser mujer siga siendo un factor de riesgo y se nos siga percibiendo como ciudadanas de segunda o tercera categoría, hablar de cerrar o seguir debilitando la institucionalidad de las mujeres es, por lo menos, un insulto.

Las mujeres guatemaltecas que apostaron por la construcción de institucionalidad trabajaron denodadamente para lograr una entidad de alto nivel que permitiera garantizar el logro de la igualdad que tanto hace falta en este país. Fue fruto de la presión que ellas ejercieron que se aprobó la creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) en el año 2000, dando cumplimiento a los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado guatemalteco.

Desde ese momento hasta la actualidad la Seprem ha sido el principal mecanismo para promover el derecho a la igualdad, la paridad, la no discriminación de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Sin embargo, los últimos tres gobiernos no han hecho más que debilitar sus funciones y su alcance, hasta la actual situación. El presidente, Alejandro Giammattei, ha manifestado que va a cerrarla para abrir una comisión con menor rango jerárquico, cuestión que contraviene la progresividad de los derechos humanos e implicaría retroceder en las obligaciones que el Estado tiene con respecto a las mujeres. Para cumplir con su objetivo el presidente ha argumentado una serie de tecnicismos e incluso manifestó que fueron las mujeres organizadas quienes no respetaron el mecanismo de decisión de la Secretaría, cuando el mismo fue modificado en el gobierno de Pérez Molina.

Las organizaciones de mujeres han respondido cada uno de los argumentos, incluso, han intentado forjar diálogos con el Ejecutivo, pero no se ha llegado a ningún resultado por esa vía.

Respetar la progresividad de derechos humanos no solo implica mantener un mecanismo institucional para el avance de las mujeres, sino que, además, dotarlo de un presupuesto y autonomía propia. Y en el mejor de los casos poner a andar la iniciativa de creación del Ministerio de la Mujer cuya iniciativa (No.4977) obtuvo aprobación en primera y segunda lectura en el Congreso de la República en 2018 y desde ese momento duerme en un cajón de algún escritorio.

También podrían fortalecer las unidades de género dentro de los ministerios y otras instituciones de gobierno, así como hacer respetar el clasificador de género en la Ley del Presupuesto Nacional. Pero nada de eso se ha impulsado o siquiera debatido. De manera tal, que lo que queda a la vista es la falta de voluntad política para respetar todo lo que se ha conseguido a fuerza de mucho tesón de las mujeres.

Mientras Guatemala siga teniendo una brecha de género del 66.8 por ciento, la más grande del continente americano, hablar de cerrar o seguir debilitando la institucionalidad de las mujeres es, por lo menos, un insulto.

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