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Opiniones de hoy

¿Será factible una solución política?

opinion

El pasado viernes, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró, en definitiva, procedente el amparo a favor de cuatro de sus magistrados, que fue planteado contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a raíz de que esta envió al Congreso la denuncia penal presentada por el abogado Roberto Hernández contra los susodichos magistrados, para fines de que se tramitara el respectivo procedimiento de antejuicio y que el Legislativo declare si ha lugar o no a formación de causa penal en su contra, con base en lo que dispone el Artículo 165, literal h), de la Constitución.

Cabe indicar que la denuncia penal presentada por el abogado Hernández se fundamenta en que los magistrados de la CC incurrieron en varios delitos dolosos al emitir la cuestionada sentencia por medio de la cual se ordena al Congreso elegir a los magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones.

Por cierto, la CC sostiene que, conforme al Artículo 167 de la Ley de Amparo, sus magistrados no son susceptibles de persecución penal por sus opiniones en el ejercicio de sus cargos, inmunidad que algunos estiman que es de por vida; en tanto que el denunciante se fundamenta en el Artículo 69 de la Ley de Amparo, que establece que los magistrados son responsables, con arreglo a la ley, por sus resoluciones. Es decir que la discusión gira en torno a si las decisiones de la CC son o no opiniones.

Por otro lado, la CC imputa a la CSJ que, para tomar la decisión de trasladar la denuncia penal al Congreso, para efectos del antejuicio contra los cuatro magistrados de la CC denunciados, no se integró correctamente, en tanto que la Comisión Permanente del Congreso sostiene que la CC, para fines de conocer del amparo a favor de sus cuatro magistrados denunciados, se integró irregularmente, ya que formaron parte del pleno tres de los magistrados denunciados, lo que los convierte en juez y parte, que es un impedimento para conocer a la luz de la Ley del Organismo Judicial.

Habrá que ver ahora cuál será la reacción de la CSJ ante la sentencia de amparo dictada el viernes pasado por la CC, por medio de la cual declara que la CSJ se integró irregularmente, al trasladar al Congreso la denuncia penal que presentó el abogado Hernández.

Lo anterior sin perjuicio de que la Comisión Pesquisidora que se integró (con tres diputados) en el Congreso, para fines del procedimiento de antejuicio de los referidos cuatro magistrados de la CC, continúa sus investigaciones, en función de emitir el dictamen que determina la Ley de Antejuicio, aunque la CC, al decretar el amparo provisional a favor de sus cuatro magistrados denunciados (con la intervención de tres de ellos), suspendió dicho procedimiento de antejuicio.

Cabe traer a colación también que la CC presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia penal contra los diputados de la Comisión Permanente del Congreso, por desobediencia, en tanto que dicha comisión legislativa presentó otra denuncia contra tres magistrados de la CC, por haberse atribuido el carácter de juez y parte. Conforme a la Ley de Antejuicio, el MP, dado que los diputados y magistrados denunciados gozan del derecho de antejuicio, debe canalizar las dos denuncias a la CSJ.

El Foro Guatemala, integrado por representantes de universidades, iglesias y de las sociedades civil y económica, ante el impasse, ha llamado a que se integre una instancia conciliadora, a fin de que se concrete a una “solución política”. La ciudadanía, mientras tanto, permanece expectante ante la lamentable disputa de poder, en medio del sufrimiento causado por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

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