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Opiniones de hoy

Q5,777 millones para protección social

opinion

‘“No puede entenderse la vida de un individuo sin referencias a las instituciones dentro de las cuales se desarrolla su biografía” Wright Mills, “La imaginación sociológica”.’

Tal y como la ley lo prescribe, los técnicos del Departamento Actuarial y Estadístico y las autoridades del IGSS han enviado al Ministerio de Finanzas Públicas el monto que debe ser aportado por el fisco para el adecuado mantenimiento financiero de los programas de la seguridad social en el año 2021, lo que equivale a una cifra de Q5,777 millones,  que ameritan una discusión singular en estos nuevos tiempos, dado que las cifras que se aportan, año con año, son verdaderamente exiguas; siendo que por ejemplo en el presente año la cantidad total aportada no sobrepasó ni siquiera la quinta parte de tal requerimiento.

Como debe ser, el cálculo y el requerimiento está apegado a disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias internas del IGSS y está basado en consideraciones y preceptos basados en la solidaridad social y para hacer posible el mayor bienestar de la población, mediante la extensión de la cobertura, lo que en el mediano plazo debiera considerar procesos y diseños que buscan la denominada Salud Universal.

El marco legal guatemalteco en este campo prescribe que le corresponde al Estado como Tal, además de patrono, cubrir una cuota adicional basada en estudios actuariales relativa a los principales programas del IGSS, siendo éstos el de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia –IVS- y Enfermedad, Maternidad y Accidentes –EMA-.

En cuanto al pago de la cuota patronal del Estado, se efectúa primeramente un cálculo en base a la masa salarial de los burócratas, y que para el año 2021 es equivalente a Q1,219 millones, mientras que por ejemplo para el año 2020 el Congreso de la República, que es el ente que aprueba de manera final el presupuesto, consideró un aporte total de Q850 millones, es decir sin siquiera llegar a cubrir la realidad del aporte patronal estatal, lo que conlleva a que los trabajadores y patronos del sector privado sostengan una parte de los fondos de reserva dedicados a los trabajadores estatales.

Lo anterior ha hecho remota la obligación que la ley le asigna al Estado como Tal, de apoyar con una cantidad extra el sostenimiento de los fondos mencionados, tema éste que se encuentra debidamente tipificado tanto en la Ley Orgánica del IGSS, como en la propia Constitución Política de la República.

En base a patrones demográficos y epidemiológicos, la cuota del Estado como Tal, estima un aporte para el EMA de Q2,936 millones, mientras que para el IVS, equivalente a Q949 millones. Año con año el IGSS debe dejar una buena parte de estas cantidades en un rubro de cuentas por cobrar al Estado, las que se desvanecen ante la indiferencia y la sempiterna escasez de recursos con la que opera el fisco y su denominado “presupuesto bonsai”, que no se encuentra a la altura del tamaño económico y demográfico del país.

¿Cómo financiar la protección social? Pues hay múltiples formas digo yo: la productividad del IVA y el ISR es de las más bajas de América Latina, el contrabando es tan evidente que más de un millón de cabezas de ganado circulan muy campantes desde las fincas hondureñas contiguas a Los Amates, hasta municipios chiapanecos, transitando en  barcazas por el Usumacinta, en las narices de quienes dicen resguardar la soberanía y tienen pensiones de lujo en sus altos mandos. Lo que sucede es que la palabra PROTECCIÓN SOCIAL está fuera del vocabulario individualista del establishment.  Bien valdría la pena, por ejemplo, una iniciativa de ley para reprogramar el vetusto e inoperante IVA PAZ que captura  cinco puntos del IVA, (cerca de Q12,000 millones) para repartirlo en obra pública hormiga, manejada por caciques, y tales fondos entregarlos a la salud universal y las pensiones, para apuntalar una necesaria reforma previsional que abarque: el montepío quebrado de los burócratas, el programa del Adulto Mayor y el IVS y el EMA. Estas son tan sólo algunas de las propuestas que debieran implementarse en el corto plazo, y que debieran ser una de las preocupaciones fundamentales de los denominados “presupuestos abiertos”, siendo la política social y una economía para la gente el fin principal de la política pública.

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