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Opiniones de hoy

La ley se acata, pero no se cumple

opinion

Se recurrió a la práctica del disimulo a la hora de resolver.

La expresión “la ley se acata, pero no se cumple” significa que, aunque se reconoce la legitimidad de la autoridad que emite la ley, esta no se obedece ni aplica, por considerarse que es inadecuada, injusta o desfavorable a intereses o necesidades.

Algunos historiadores sostienen que la singular locución se origina en Sevilla, durante la Edad Media, en donde si bien la ley era aceptada, su aplicación quedaba en suspenso indefinido hasta que el rey, a quien los afectados rogaban que la modificara o no la aplicara al caso concreto, resolviera en última instancia. De suerte que el rey podía enjuiciar la ley y relevar de su aplicación, por lo que ciertos investigadores ven en esta costumbre la causa de la tutela o del amparo.

Lo cierto es que la referida expresión pasó a América Latina durante la Colonia. Hay quienes la relacionan con las Leyes Nuevas, emitidas por el rey Carlos I de España, en 1542, en las que se prohibía la asignación de nuevas encomiendas y que las existentes pudieran ser heredadas por los titulares a su fallecimiento, disposición que fue adversada con enfado por los encomenderos. En respuesta, las autoridades coloniales decidieron no aplicar la citada disposición real o recurrir a la práctica del disimulo a la hora de resolver, lo que también suponía su inobservancia.

Esta manera de proceder se generalizó durante la época colonial, al punto que lo que prevalecía no era la ley, sino la voluntad despótica de la autoridad local, que protegía su interés patrimonialista, lo que fue consentido por una monarquía distante que se conformó con el pago de tributos y el monopolio comercial. Se implanta, pues, un relativismo jurídico, abonado por la concentración de poder, el abuso de autoridad, la manipulación de la justicia y, por supuesto, por el expolio, la corrupción y la impunidad.

Los gobiernos surgidos de la Independencia (1821) ratificaron este régimen de irrespeto a la ley. Tanto los regímenes liberales como los conservadores, así como los de derecha e izquierda, no se han sujetado a la Constitución y la ley. Son ejemplos elocuentes de esta inconsecuente conducta las violaciones a la Constitución imputables a gobernantes en ejercicio, para imponer sus ambiciones, los siguientes: Reina Barrios (1897) ordena que se incorpore en la Constitución una norma que prolongó su periodo presidencial, Estrada Cabrera (1903) promueve una reforma constitucional para ser reelegido, Ubico (1935 y 1941) ordena suspender el artículo constitucional que le impide prolongar su periodo presidencial, Árbenz (1953) ordena remover a magistrados de la Suprema Corte, para impedir que se accione de amparo en contra de los excesos en la aplicación de la ley de reforma agraria, Serrano (1993) suspende 40 artículos constitucionales y Colom (2011) pretendió, a través del divorcio de su esposa, burlar la aplicación de la norma constitucional que le impedía a esta optar a la presidencia.

Esta contracultura del irrespeto a la ley se decanta en dichos populares, tales como: “Hecha la ley, hecha la trampa”, “la ley es como una telaraña donde solo caen los mosquitos”, “la ley es como una culebra, solo muerde a los descalzos” y “con necesidad, no hay ley”, entre otros. Por otro lado, una frase atribuida al exgobernante de México, Benito Juárez, no deja dudas sobre la tradición de discrecionalidad en la aplicación de la ley: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, todo el peso de la ley”.

En todo caso, la ciudadanía consciente sabe que en la Constitución y la ley se incorporan los límites al poder público, el reconocimiento de los derechos humanos, el autogobierno, la sujeción a la ley, la democracia política, la justicia imparcial, la protección de la economía de mercado, así como las garantías de seguridad jurídica, responsabilidad de funcionarios, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. De suerte que me parece una irresponsabilidad que se siga alentando la desobediencia de los mandatos constitucionales y legales, en lugar de promover un consecuente patriotismo jurídico.

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