Desde marzo, todo lo relacionado a la pandemia del COVID-19 ha acaparado los medios de comunicación, las redes sociales y ocupa en buena medida  nuestras conversaciones virtuales. Los discursos presidenciales y referencias institucionales nos abruman o hacen reír, por no llorar, frente al vacío de palabras con sentido y planteamientos serios para afrontar lo que está viviendo la mayoría de la población.

Los lenguajes institucionalizados han reducido a cifras la vida. Cifras de personas contagiadas, fallecidas, “recuperadas”; de pruebas realizadas y resultados. Por cierto, hasta el menos hábil en matemáticas concuerda que las cifras simplemente no encajan.

Las cifras que sí encajan son el robo, la corrupción y las componendas para cooptar lo poco que queda de la institucionalidad de salud o de justicia. Hay investigaciones judiciales o periodísticas “molestas” para concretar el latrocinio. La tan manoseada Constitución que nos rige, es un documento que expresa nuestra historia de racismo, colonialidad, sexismo y ansias de acumulación de los pocos considerados “ciudadanos”. No obstante, quienes dirigen las instituciones del Estado, ya no responden ni a las propias lógicas del sistema económico y político plasmadas en ese documento y que con manoseo de lenguaje dicen defender. Ya no hay interés de guardar alguna “forma” en lo que se comunica, la lógica del sálvese quien pueda y como pueda ha quedado al descubierto.

Aún así, algo se mueve y se comunica en los territorios, algo que no vende porque no es mercancía: los lenguajes de los pueblos, de las resistencias, de las conexiones entre seres vivos, entre las emociones que atraviesan los cuerpos; los vínculos entre lo que se dice, se siente, se recuerda y se hace.

La oralidad ha resguardado el contenido de saberes, y es eso casi la única posibilidad que tienen la mayoría de comunidades, para enfrentar la actual situación que amenaza la vida. En varios lugares la decisión colectiva ha sido pasar la enfermedad en el círculo familiar o comunitario, antes que acudir al centro de salud donde prevalece la saturación de personas, el desbordamiento del personal médico que hace lo que puede y más allá, sin condiciones y sin que ni siquiera se le reconozcan los salarios atrasados.

“Crisis sanitaria” se le ha nombrado a la situación generada por la presencia del Covid 19 en nuestro territorio. Pero las autoridades no se hacen cargo de colocar la verdad de la ausencia de interés en construir un verdadero Sistema de salud, pues este no es sistema y no provee salud. Algo así pasa con el sistema de justicia, cooptado por mercaderes de la justicia que no aceptan que su contenido supera lo plasmado en las “leyes”. Lo que hemos nombrado “pacto de corruptos” desde 2019, está instalado desde siglos atrás y ha logrado concretar alianzas criminales a través del tiempo y de los ciclos institucionales, tan ajenos al verdadero sentido de la vida y de los pueblos.