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Opiniones de hoy

El COVID-19 y el sistema político

opinion

Seguir haciendo lo mismo, no conducirá a resultados diferentes.

El COVID-19 revela con dramático realismo las falencias de nuestro Estado de Derecho e instituciones, que creíamos conocer pero que ahora experimentamos claramente. Es indudable que el MP con y sin apoyo de la CICIG, develó los niveles de corrupción e impunidad que privan en el marco institucional y jurídico y sus pervertidas formas de operar a espaldas de los intereses ciudadanos, en favor y protección de entidades, personas y grupos de interés que operan atrás de las representaciones meramente formales pero ilegítimas de quienes ejercen el poder del Estado, delegado en ellos en procesos electorales enfermos por falta de legitimidad, consecuencia de la ausencia de democracia interna en los partidos y de procedimientos de designación de candidatos en distritos electorales que dificultan el seguimiento y el control ciudadano sobre quienes reciben la delegación del poder para beneficio del pueblo y no para el de pequeñas élites o grupos a través de candidatos designados por ellos y no por los ciudadanos.

El marco institucional y jurídico posibilita la actuación en los poderes del Estado, de funcionarios y representantes  políticos interesados en la defensa de intereses ajenos a los ciudadanos, tales como la inmunidad para funcionarios sobre quienes se tienen indicios racionales de comisión de delitos, o que habiendo sido sorprendidos con “las manos en la masa” en el proceso de elección de nuevas cortes Suprema de Justicia y de apelaciones, se niegan a excluir del proceso a candidatos que no llenan los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes y en sentido contrario, accionan de manera espuria en contra de magistrados que han develado sus intenciones y tomado resoluciones correctivas.

La causa de esta lamentable situación que cuestiona el Estado de Derecho y nuestro sistema político, es una consecuencia de nuestra democracia enferma desde el mismo origen de la delegación del poder del pueblo en los procesos electorales, al depositarlo no en representantes legítimos, sino en aquellos impuestos por sus reales mandantes, sean estos personas, entidades o grupos que los imponen en posiciones seguras de las boletas electorales, y que en algunos  casos suelen costar millones de quetzales, con el resultado de que son electos candidatos que suelen estar muy lejos de ser representantes legítimos y, en consecuencia, no aptos para ejercer esa representación con la dignidad y decoro que necesarios.

Por ello, es hora de que los guatemaltecos nos aboquemos a buscar una hoja de ruta a seguir para superar ese deplorable estado de nuestro sistema político que, de persistir, nos hundirá cada vez más, agotando posibilidades que ahora podrían estar disponibles, pero que al final se reducirán y harán imposible el cambio sin grandes sacrificios previos. Hay que tener presente, en primer lugar, que la tarea debe hacerse respetando el marco institucional y jurídico que nos rige y que solo puede lograrse con esfuerzo y tiempo; y, así mismo, que la prioridad es y debe ser la reforma del sistema político, lo que hará necesaria una reforma constitucional de gran envergadura, pues habrá que cuestionar no solo el tema electoral para asegurar representatividad y legitimidad, sino que también la misma estructura de los poderes del Estado, por ejemplo, poner bajo la lupa al mismo sistema presidencialista, a mi criterio ya agotado y casi colapsado.

Seguir haciendo lo mismo, no conducirá a resultados diferentes. ¿Cuando empezamos?

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