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Opiniones de hoy

Otra burda y desesperada maniobra contra la CC

opinion

Jose Rubén Zamora

La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus suplentes, en su gran mayoría monigotes del sindicato criminal que administra Guatemala, con cinismo y sin escrúpulos, con la casi sola excepción de María Eugenia Morales de Sierra, están cerrando su nefasto periodo tal y como lo comenzaron: como burdos títeres de la narcocleptocracia que los ungió en 2014, con el compromiso de blindar el crimen, la corrupción y la impunidad.

Están entregados al Congreso, cuyos repugnantes operadores de tercera categoría ocupan vergonzosamente todos los cargos en la Junta Directiva, encabezados por Allan Rodríguez, un presidente inepto (contratista del Estado) y, entre otros, por el guasón de temporada de la mafia, Felipago Alejos, encargado de alinear a diputados, jueces y magistrados con generosas contribuciones.

La peor CSJ que hemos tenido admitió ayer, sin ton ni son, el antejuicio en contra de la Corte de Constitucionalidad, interpuesto por un “güizache” de poca monta, que responde al nombre de José Roberto Hernández Guzmán, contratista del Estado entre 2009 y 2019; secretario del Ministerio de Economía en 2015; asesor del Fodes, contratado en el renglón 029, en tiempos del muy limitado Jimmy Morales, donde Hernández Guzmán alcanzó la fama debido a que, a los 10 días de ser contratado en dicho Fondo, se fue de parranda tres semanas a Europa, sin permiso y sin pedir perdón, pero con plata de la institución.

Según ha trascendido, en estos días de pandemia, específicamente colabora con Omar Barrios, asesor principal de la todopoderosa y todo terreno Leyla Lemus, temerosa del MP por el caso Transurbano.

Entre los grandes negocios de Hernández Guzmán se cuenta el Ministerio de Comunicaciones, en el Fondo Social de Solidaridad (contrato 20-2019-029-FSS), por un monto de Q215 mil, y otro con la Comisión de Energía Eléctrica, por Q145 mil. En total, sus contratos con el Estado le han representado varios millones de quetzales.

Por si fuera poco, ahora, Hernández Guzmán –cuyo padre fue condenado en 2009 por el caso Maskana, relacionado con la malversación de millones de quetzales en la adquisición de combustible para la PNC– con el apoyo incondicional e invaluable de la narcocleptocracia, aspira a llegar a sentarse como magistrado de la Corte de Apelaciones.

La movida del “Pacto de Corruptos” es alucinante. Mientras entretienen la nigua eligiendo con tortuguismo a las nuevas Cortes, manipulan a las actuales con el fin de distraer la atención, para, según ellos, agarrar oxígeno y elegir la lista negra de magistrados que tienen pactada, para entronizar a sus nuevos títeres y protectores.

Su estrategia, como viene sucediendo desde hace cuatro años, es polarizar y radicalizar a la sociedad, ahora afligida por la pandemia. Tratan de transformar todo lo que está teniendo lugar, en un supuesto pulso entre derechas e izquierdas, cuando la única pretensión que tienen estas mafias criminales, es preservar su poder e impunidad, en cuya empresa es esencial preservar la Corte Suprema de Justicia, utilizando como muleta a la Junta Directiva del Congreso para marchar sobre la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.

Las mafias están temerosas. Creen que solo tienen limitada licencia para delinquir, pues sus amigos en la Casa Blanca ya ni se acuerdan si Guatemala forma parte de México.

La señal más clara es que ya vinieron y vienen muchos más avisos serios de quiénes son los nuevos non gratos en la casa de Mickey Mouse, donde se incluyen flamantes magistrados titulares y suplentes, diputados y funcionarios del gobierno central y alcaldías.

Sin embargo, no se puede dejar de lado que el desafío es descomunal: nuestro sistema no puede combatir el narco, la corrupción y la impunidad, porque el narco, la corrupción y la impunidad son el sistema.

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