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Opiniones de hoy

¿Reformas o Remedios?

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¿Cuál es el camino para llegar a los mejores jueces?

Ciertamente, fue sorpresivo (que no, sorprendente), el anuncio sobre posible reforma constitucional en materia de justicia.

Para muchos, más que sorpresivo, es impertinente, entendiéndose este vocablo como lo que no viene al caso. (Diccionario de la Lengua Española, primera acepción).

Una reforma constitucional, tratándose, no solamente del pacto social esencial en una nación, sino enfocada particularmente en materia de administración de justicia (elección de jueces, puntualmente), requiere de la máxima atención y participación ciudadana. Y no sé si estamos para eso en estos precisos momentos.

Además, una reforma constitucional, sea de un artículo o de cien, requiere de un evento electoral millonario (por la forma decimonónica en que hacemos consultas populares en Guatemala).

Pero más allá de la pertinencia de hablar de enmiendas a la “magna carta” en plenos tiempos de COVID-19, lo importante es enfocarse en la pretensión que encierran las enmiendas.

Es atrevido opinar sobre este tema (que no es más que una opinión, ciertamente), pues no se ha hecho pública la iniciativa de reforma. Solamente, que yo sepa, se tiene a disposición del público una presentación de diapositivas resumiendo la misma y sobre ella me baso para tratar de decir una o dos cosas que me parecen inquietantes.

La primera es que el “corporativismo” ínsito en la Constitución aprobada hace 35 años, encarnado en el caso del organismo judicial en las comisiones de postulación, seguiría presente de otra forma, en la iniciativa presidencial.

Yo entiendo por corporativismo “la tendencia de un grupo o sector profesional a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros”.

De hecho, seguirían participando los mismos postuladores y electores, pero de diferente forma, y además estarían incluyendo a la Presidencia de la República, que actualmente no tiene un rol formal en la elección de jueces.

Pero esto no es lo más inquietante.
Para mí, lo es la contradicción que ya existe en nuestra propia Constitución, entre el concepto muy importante de “carrera judicial” por una parte, y por el otro, lo que pudiera llamarse el “sprint (o pique) judicial”, marcado por el plazo de 5 años en que un magistrado ejerce sus funciones.

La reforma constitucional planteada solo alarga a 10 años el plazo, pero deja intacta esa contradicción.

Cuál es el punto:  la iniciativa propone un “remedio”, pero más como una especie de parche. No cabe duda que a lo que debemos de aspirar es que los mejores calificados y preparados, se mantengan de por vida en sus cargos. Esa es quizás la mejor fórmula de independizar a los elegidos de quienes los eligen.

¿Están dadas las condiciones para ello?

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