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Opiniones de hoy

Consejo de Estado

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Diálogo entre las diferentes fuerzas vivas de la nación.

En la Constitución decretada el 15 de septiembre de 1965, mejor estructurada en varios aspectos a la actual (decretada el 31 de mayo de 1985), se incorporaron instituciones interesantes como la Corte de Constitucionalidad, el vicepresidente de la República, la magistratura vitalicia de la Corte de Apelaciones y el Consejo de Estado. Estas dos últimas no se retomaron en la actual Carta Magna.

Respecto de la magistratura vitalicia de la Corte de Apelaciones, la Constitución de 1965 establecía: “Los magistrados propietarios que fueren reelectos después de haber servido 2 períodos completos sucesivos, gozarán de inamovilidad hasta que cumplan la edad de 70 años, cuando deberán ser jubilados o pensionados con la mayor asignación que fije la ley respectiva”. 

Asimismo, el Consejo de Estado, presidido por el vicepresidente, debía opinar sobre la negociación y renegociación de contratos para el establecimiento o creación de servicios públicos y el otorgamiento de sus concesiones, sobre proyectos de leyes y demás asuntos que fueran sometidos a su conocimiento por los organismos del Estado, sobre los tratados, convenios y demás arreglos internacionales que requirieran la aprobación del Congreso, previamente a la consideración de este, y en los conflictos que surjan entre las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, entre las universidades o entre estas y los colegios profesionales, cuando la solución no esté prevista en la ley; y, asimismo, sometía a consideración del Presidente las iniciativas y las soluciones que, a su juicio, convenía dar a los problemas generales del país.

Las críticas atendibles que se hicieron a dicho Consejo fueron sobre su integración selectiva, así como su injerencia excesiva en el proceso de formación y sanción de la ley.

En mi opinión, dado que el actual Congreso es unicameral, debería pensarse en retomar la idea del Consejo de Estado, con rango constitucional y bajo una concepción incluyente, participativa y plural, integrado por representantes de los principales grupos de presión (cuya finalidad no sea tomar el poder, sino influir en la toma de decisiones políticas en función de sus intereses o aspiraciones), presidido por el vicepresidente. Su objeto sería debatir, proponer, recomendar y dictaminar sobre materias o cuestiones fundamentales, tales como estrategia nacional, proyectos de desarrollo (económico, político, social, cultural), políticas públicas, reforma política e institucional del Estado, modernización del sector público, innovación tecnológica, inversión productiva, migración, tecnología educativa, deuda pública, tratados y convenios internacionales, así como anteproyectos de ley, entre otros. Además, debería tener iniciativa de ley.

Sin duda, este espacio permitiría que se institucionalizara la discusión y el diálogo entre las diferentes fuerzas vivas de la nación, así como habilitaría la autocrítica, la generación de consensos y alcanzar acuerdos de mediano y largo plazo, lo que posibilitaría abordar a profundidad la problemática nacional, enfrentar con seriedad y responsabilidad los enormes desafíos que conllevan la inteligencia artificial, la biotecnología y la protección del medio ambiente, así como garantizar que la sociedad guatemalteca no se rezague de un futuro de prosperidad y paz.

En conclusión, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática demanda la creación de un Consejo de Estado permanente, no integrado a dedo, como lo fue el Consejo de Estado bajo el régimen de Ríos Montt (1982-3), ni tampoco al margen de la Constitución y la ley, como lo es el denominado Consejo Económico Social, cuya finalidad sea habilitar un espacio de diálogo e interacción, que garantice, en un marco de una armonía en la diferencia, la negociación seria y franca, así como que viabilice el consenso y los acuerdos de largo aliento.

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