Los países latinoamericanos y sus sistemas sanitarios se encuentran en una carrera desenfrenada por adquirir medicamentos y equipo médico quirúrgico adecuado al combate de la pandemia. En Chile, por ejemplo, según lo informa ‘TV Chile’ el sábado pasado, se tienen cerca de 350 respiradores artificiales, mientras que diariamente 40 enfermos graves entran al intensivo, dependiendo su vida, en parte, de tal equipamiento. Los que tienen relaciones con China Continental, han tomado ventaja gracias al esfuerzo de sus cancillerías, y del apoyo masivo de tal país que ha volcado sus esfuerzos científicos e industriales al combate de la pandemia.

En Guatemala por el contrario, con pocos amigos en el mundo que verdaderamente ayuden, y con una política exterior timorata y una política comercial que prioriza las marcas, patentes y los acuerdos bilaterales de libre comercio, la farmacovigilancia queda subordinada a los intereses farmacéuticos de comerciantes locales y a la fragmentación de la compra estatal dominada por un sistema público de adquisiciones que no está a la medida de las circunstancias.

Según expertos de la salud guatemalteca, el tratamiento por coronavirus en un estado de gravedad, necesitando de intensivo, cuesta algo así como Q15 mil diarios, siendo la opción de cualquier cristiano ser atendido en un  hospital privado, que dicho de paso no aguantaría un influjo masivo de almas, o bien,  como debe ser, por la salud pública. Por tal razón, y otras por el estilo es que la pandemia actual está cambiando la visión y postura de las políticas económicas y fiscales de protección social.

En los ambientes de la salud y la farmacovigilancia del medio las indagaciones sobre la necesidad de comenzar a empujar el tema de las licencias obligatorias se encuentra en pañales, mientras que se  recita a diestra y siniestra que aquí simplemente ello es inviable, porque tratados de libre comercio como el que tenemos con los Estados Unidos lo impide.

Nuestra actual ley de propiedad intelectual considera el tema de las licencias obligatorias, y así lo hace también la Organización Mundial de Comercio, y se refiere a la posibilidad de acceder a medicamentos genéricos, circunvalando el derecho de autor del principio activo o molécula, comúnmente monopolizado por alguna casa comercial del mundo corporativo, y protegido por sus embajadas y consulados comerciales. El mundo en desarrollo y sus sociedades civiles han venido empujando a temas como el de considerar una potencial vacuna de coronavirus, como parte del derecho público y no necesariamente como una patente monopolizada por alguna sociedad anónima que se apodera de la distribución farmacéutica.

Según la revista médica ‘The Lancet’, los actuales experimentos liderados por científicos como el doctor Fen Cai Zhu con enfermos recuperados de la ciudad de Wuhan, y con primates, están dando buenos resultados, contando con la ayuda de estudios y práctica científica a escala mundial. El ejercicio es entonces colectivo y global, y de ello obliga a su tratamiento como bien público desmonopolizado de la BIG PHARMA, protegida en nuestro medio por acuerdos de libre comercio que ni en sus países de origen se tratan de la manera como aquí se imponen las restricciones comerciales y de acceso.

Me pregunto yo si entidades como nuestros ministerios de relaciones exteriores, de economía, y órganos regionales como la SIECA y el SICA, hoy comandada por Vinicio Cerezo, están claros en estos temas, que incluso debieran ser estudiados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, si se quiere tener acceso a medicamentos vitales en la protección social del futuro. Vale recordar que el SICA alberga a la COMISCA, que es la entente de ministros regionales que tiene en su seno un mecanismo de compra en el exterior a gran escala y que debiera estar funcionando a todo vapor en estos momentos.