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Opiniones de hoy

Veto

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¿Entre manipulaciones y olvidos?

La palabra “veto”, tiene muchos sinónimos: bloqueo, obstáculo, impedimento.

En nuestro sistema republicano de gobierno, donde se distribuye el poder público entre los diferentes organismos del Estado para evitar el abuso de poder, existen los llamados controles inter e intraorgánicos.

Un control interorgánico clásico es precisamente el veto que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, puede emitir en contra de una ley aprobada previamente en el Congreso.

El veto es una figura muy antigua. Esa “prerrogativa” tiene raíces en el derecho romano, y se fue heredando gradualmente conforme avanzó la historia del Estado moderno.
Por ejemplo, en el sistema parlamentario con monarquías presentes en dicho sistema (las llamadas “monarquías parlamentarias”) es la reina o el rey quien puede vetar una ley aprobada en el parlamento. Por eso tiene un cierto resabio monárquico el veto de leyes.

También lo contemplan los sistemas presidenciales, y por ser el Presidente el jefe de Estado (al no admitirse la figura de un monarca), es el presidente quien ejerce esta función.

Su origen es de un neto control político. Dicho de otra forma, el veto puede ser utilizado por un presidente si simplemente una ley presentada para su sanción, no está de acuerdo a sus políticas y su plan de gobierno.

Por supuesto, es más que aconsejable y sano que cuando el mandatario veta una ley, con el apoyo de su consejo de ministros en el caso de Guatemala, de las razones para ello.

En otras palabras, que “motive” su decisión de bloquear, impedir, o retardar la vigencia de una ley.

Y digo “retardar”, porque según nuestra Constitución vigente, el Congreso puede, con mayoría calificada, desatender el veto presidencial, dando así la carta magna una primacía al legislativo sobre el ejecutivo.

Ahora bien, el “problema” es cuando el Presidente aduce inconstitucionalidades en la ley, para vetarla. Ahí, el veto deja de ser un control político, y el Ejecutivo se “asocia” con la Corte de Constitucionalidad. Dicha Corte ya lo ha dicho hasta la saciedad y es jurisprudencia: si una ley es vetada por supuestas inconstitucionalidades, es obligación del Congreso enviar a la CC el texto legislativo, para que esta última emita una opinión – por cierto, no vinculante – para confirmar si efectivamente hay o no vicios de ese tipo.
Todo esto viene a colación por dos cosas que los ciudadanos debemos tener cuidado: 1) la posibilidad que el Presidente pueda vetar una ley aduciendo inconstitucionalidades, solo con el afán de retrasar por meses, o años, la aprobación de una ley (o sea, retorciendo el espíritu de las normas); y 2) que un Congreso sea tan deficiente, que la mayoría calificada de diputados (2/3 partes) no sepa, no se acuerde, o ignore, las normas constitucionales y la jurisprudencia de la CC que DEBEN tener presente para el ejercicio de sus funciones.

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