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Opiniones de hoy

Veto presidencial

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Ayer, el presidente Alejandro Giammattei, por medio del Acuerdo Gubernativo 61-2020, vetó el Decreto 15-2019 del Congreso, aprobado el pasado viernes 3 de abril de 2020, con el voto favorable de 140 diputados, mediante el cual se establece que los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono e internet no puedan ser interrumpidos o suspendidos, a pesar de que los usuarios no hayan pagado los respectivos consumos.

Es decir que, de acuerdo con dicho Decreto, las empresas que prestan estos servicios deben seguir prestándolos ininterrumpidamente incluso sin obtener remuneración alguna, lo que supone que las mismas deben cubrir sus costos de producción y gastos operativos sin percibir los correspondientes ingresos por parte de los usuarios, durante la emergencia decretada con motivo de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

A nivel de la opinión pública, se ha debatido sobre la factibilidad y validez de la decisión del Legislativo, especialmente sobre su fundamentación constitucional. Si no se hubiere decretado la ocupación o intervención (expropiación) de la propiedad de las empresas prestadoras de dichos servicios, en el marco del Estado de Calamidad Pública (que supondría que el Estado sería el que cubriría los correspondientes costos de producción y de operación, así como la indemnización respectiva), lo procedente es que el Estado, así como lo hace con la tarifa social a través del INDE, subsidie a los usuarios.

El gobernante, a través de las redes sociales, expresó: “Devolví el Decreto 15-2020 al Congreso, porque presentaba inconstitucionalidades. No obstante, hemos preparado una iniciativa de ley que pueda ser ejecutable y viable para asegurarle a la población el suministro de agua, energía eléctrica y los servicios de teléfono e internet”.

Ahora lo que procede es que el gobierno devuelva el Decreto 15-2020 al Congreso, para que este organismo analice los argumentos presidenciales y decida si los acepta o no.

Sin embargo, el veto presidencial no es una potestad absoluta, porque, de conformidad con la Constitución, si el Congreso no acepta las razones del veto con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de diputados (107), el Presidente debe obligadamente sancionar y promulgar (ordenar su publicación en el Diario Oficial) el respectivo decreto. En este caso, si el Presidente no sanciona ni promulga el respectivo decreto, dentro del plazo constitucional, la Junta Directiva del Congreso debe ordenar la publicación del decreto dentro de un plazo que no exceda de 3 días, para que cobre vigencia y surta sus efectos.

En todo caso, se han presentado varias acciones de amparo contra el Presidente, a raíz de la aprobación del Decreto de marras. En nuestra opinión, dichas impugnaciones son notoriamente improcedentes, por prematuras, dado que el proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, veto, sanción y promulgación) no se ha agotado, por lo que hasta que el indicado Decreto sea publicado en el Diario Oficial procedería su impugnación.

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