La crisis del COVID-19 es también un acelerador de tiempos políticos. Los presidentes que entraron desgastados a esta emergencia –como en Venezuela, Nicaragua, Chile, Colombia, Ecuador y Perú-, han precipitado su desplome. No hicieron de la crisis, oportunidad. Quienes asumieron este año en Argentina, Guatemala y Uruguay, acrecentaron su capital político, pues en general han hecho bien las cosas.

Un tercer grupo de gobernantes tomó la pandemia a la ligera –EE. UU., Brasil, México, Gran Bretaña- llevando a sus países al peor de los mundos: ni salud ni economía. La crisis no es peor porque los gobiernos estatales contradijeron las directivas presidenciales y ordenaron confinamientos y cierre de servicios no esenciales.

La credibilidad de estos líderes se ha deteriorado de manera significativa, aunque desigual. Bolsonaro camina sobre la cuerda floja, pero Trump, no, a pesar de sus abruptos giros de timón. A toda costa quiere ser reelecto, y el voto pasa por la economía: ha entrado en choque con los poderes que le rebaten.

La pandemia afinca una condición de guerra. Bajo ese estado, el mandatario es la figura principalísima. Sería insuficiente que sepa gestionar la crisis, si no comunica con eficiencia. En democracia el estado de guerra significa que el presidente posee poderes especiales para restringir la libre locomoción, reuniones masivas y demás actividades congruentes con preservar la salud. Y en la incertidumbre los sectores sociales y económicos, y la población en general, las acatan. Por otro lado, el poder Legislativo le concede recursos extraordinarios al poder Ejecutivo a fin de que atienda los dos campos críticos, salud y economía.

En Guatemala, mayo será el mes a partir del cual los tiempos políticos se van a acelerar todavía más. Confluirán tres factores: picos infecciosos, actividades económicas entrando a una fase aguda y la puesta en marcha de casi una decena de programas paliativos: ayudas sociales, transferencias monetarias, salarios parciales a trabajadores con contratos suspendidos y créditos subsidiados. Durante los primeros 45 días, desde que dictó las primeras restricciones, el presidente Giammattei ha sabido adoptar medidas graduales oportunamente. Aunque hay bastante terreno para mejorar, en general ha sabido comunicar y combina, sin atrancarse, la primera velocidad (salud) con la segunda (economía).

Los siguientes 60 días le demandarán otras habilidades. Algunas son gerenciales (sistemas de monitoreo de los programas de emergencia e introducción de correctivos), otras entrarán directamente al campo de la política democrática. Tendrá que concertar y atender críticas en un clima que se puede anticipar como de creciente estrés. La conciencia de la amenaza común alcanzará, aún, para soportar el alineamiento básico de los actores.

En diversas escalas y especialidades, los grupos organizados han manifestado su voluntad de colaborar en la emergencia y en el periodo de reconstrucción poscrisis. Hay disposición de voluntariado en la emergencia, contribuciones para la rendición de cuentas y propuestas serias para la agricultura, la formalización del empleo, la reforma de la salud pública y la seguridad social, y la economía. Esa energía debe canalizarla antes de los 45 días, pues en el estrés de la ejecución de los programas (denuncias de corrupción, ineficacia en la distribución) y la desesperación económica extendida, se puede revertir. En las guerras hay diferencias en el mismo bando, pero no rupturas. Por eso los canales de comunicación deben ser fluidos.

Los movimientos del partido oficial y sus aliados en el Congreso dan malos augurios. Desde la aprobación de Q5 millardos de dudosa prioridad, hasta la creación de comisiones paralelas que marginan a la oposición y desordenan la labor de fiscalización de los diputados. Con arte y sin pelearse con sus aliados, pero tendiendo puentes con la oposición leal, tendrá que equilibrar. No puede olvidar que el enemigo principal es el COVID-19.