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Opiniones de hoy

Control del gasto público

opinion

En estos tiempos de emergencia debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), estamos convencidos que el Estado, por medio de un financiamiento extraordinario, debe atender y satisfacer las necesidades sanitarias, evitar el colapso económico, detener el empobrecimiento de la población, así como reactivar la economía nacional. Sin embargo, también sabemos que los fondos estatales son limitados y deben ser bien invertidos, es decir de manera eficiente, racional, transparente, eficaz y óptima.

Preocupa sobre manera que los recursos financieros no lleguen a su destino final, altruista y solidario, previsto, sino que se extravíen o desvíen hacia otros intereses creados que están fuera de la emergencia y que, sin embargo, están al acecho de captar para ellos una porción de los fondos estatales.

También nos causa escozor que los fondos estatales que se erogarán con motivo de la emergencia del coronavirus no sean canalizados mediante los ministerios, que, según la Constitución, son los encargados del despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, sino que por medio del sistema paralelo de gasto público, que es una enmarañada red de entes públicos (fideicomisos, fondos sociales, comisiones presidenciales, secretarías de la Presidencia, gobernaciones departamentales), o de entidades pertenecientes a un tercer sector de ejecución de gasto público (oenegés de origen político), que actúan con opacidad, discrecionalidad y sin sujeción a fiscalización formal alguna.

Traemos a colación, por ejemplo, la tristemente célebre Comisión Interinstitucional de Cohesión Social, instalada durante el régimen populista autoritario de Álvaro Colom (2008-12), cuyo objetivo fue sin más el clientelismo político a favor del oficialismo, que tuvo a su cargo, por medio de incontrolables fideicomisos, la erogación de miles de millones de quetzales sin ningún control, fiscalización ni transparencia, en menoscabo, por supuesto, de la prestación de servicios públicos esenciales (salud, alimentación, educación, seguridad, justicia, infraestructura física). Carlos Mencos, hoy flamante diputado de la UNE, fungió como jefe de la Contraloría General de Cuentas, cuya función es la fiscalización del gasto público, en aquellos tiempos de infortunio para la finanzas públicas, cuando, por cierto, se duplicó la deuda pública de Guatemala, para complacer los devaneos de un régimen dinástico.

Ya ha comenzado la pedidera de dinero. Algunos comités ejecutivos de sindicatos del sector público, que gozan de jugosos convenios colectivos de condiciones de trabajo, así como los diputados, han sido los primeros en solicitar bonos por la emergencia, aunque el Congreso decretó la congelación de las remuneraciones en el sector público. Sin embargo, más de mil millones de quetzales se asignaron para sueldos y prestaciones de los ministerios de Gobernación y Educación,

También las instituciones que tienen asignaciones presupuestarias fijas insisten en que se les duplique dicha asignación, ahora que hay pisto.

En fin, la danza de los millones ha comenzado. Ojalá que los dineros se traduzcan en beneficio de los que más necesitan los recursos para sobrevivir o para relanzar sus honestos emprendimientos propios. En fin, ¡qué Dios bendiga a Guatemala en medio de esta tribulación!

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