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Opiniones de hoy

Fuentes de financiamiento público

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El lunes pasado, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, solicitó al Congreso la aprobación de una nueva ampliación presupuestaria de Q11 mil millones, para apoyar a la población afectada por el impacto económico como resultado de emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Según González Ricci, los Q11 mil millones se utilizarán durante 3 meses, para aportes mensuales de Q1 mil a 2 millones de familias, así como un aporte a las personas que cotizan en el IGSS, por un monto total de Q2 mil millones, a raíz de que la Junta Directiva del IGSS expresó que tenía impedimento técnico para cubrir los sueldos de sus afiliados; además, Q3 mil millones se destinarán al otorgamiento de préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). “Con esto estaríamos llegando a 2.7 millones de familias, que es el 80 por ciento de las 3.3 millones de familias que tenemos actualmente en el país”, expresó el Ministro González Ricci.

En contraste con el desorden que se causó en El Salvador con el aporte de US$300.00, debido a que los destinatarios no contaban con cuentas bancarias ni con domicilios identificados y registrados, González Ricci dijo que para la entrega de los Q1 mil mensuales a las familias vulnerables, se utilizará el Documento Personal de Identificación (DPI), como tarjeta de débito, para que los beneficiarios puedan comprar alimentos y hacer el pago de luz y el agua.

Por su parte, el diputado Samuel Pérez (Semilla) se adelantó a proponer que, en vez de recurrir a fuentes de financiamiento orgánicas (recaudación tributaria o financiamiento bancario) para cubrir no solo las ampliaciones presupuestarios, sino que también la disminución en la recaudación tributaria, que se estima en Q3.5 millardos, a la que debe agregarse la insensata sobrestimación de recaudación de Q2.5 millardos, que tuvo que reconocer el ministro González Ricci, el gobierno echara mano del “crédito privado” del Banguat, que es, ni más ni menos, lo que se conoce como emisión inorgánica o emisión de billetes sin respaldo, que lo prohíbe expresamente la Constitución, salvo que el Congreso lo autorice con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados.

En ese sentido, coincidimos con las apreciaciones del licenciado Lizardo Sosa, expresidente del Banguat, quien afirma que “usarse fuentes macroeconómicamente sanas disponibles sin incurrir en los riesgos que provocaría la emisión monetaria sin respaldo, tanto en el deterioro de la capacidad de compra del ingreso de las personas y el consiguiente deterioro de la confianza de los agentes económicos, dando lugar al indeseable ambiente de inestabilidad macroeconómica y de volatilidad de los indicadores financieros (…)”.

Afortunadamente, a pesar de que en tiempos del régimen populista de Álvaro Colom (2008-12) se duplicó la deuda pública en Guatemala (para pagar la onerosa factura de las erogaciones en clientelismo político a favor del oficialismo), los niveles de deuda pública de nuestro país (25 por ciento del PIB) dan para un mayor endeudamiento, por lo que se sugiere que ésta sea la fuente de financiamiento “sano” a que debe recurrirse, para no comprometer la estabilidad de precios ni generar incertidumbre entre los agentes económicos.

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