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Opiniones de hoy

Escenarios e implicaciones en los siguientes 12 meses

opinion

Los golpes del coronavirus a la economía nacional y cómo defendernos.

Entramos a una inevitable recesión económica mundial, en un contexto de incertidumbre y, a veces, pánico. Las plazas financieras exhiben la caída más brutal de la historia: 35% en los Estados Unidos y 50% en Europa, en apenas un mes.

Por cierto, la banca europea tiene una gran exposición en el sector petrolero y, por lo tanto, está expuesta a enormes riesgos de colapso y una alta probabilidad de ser sujeto de alguna variación de “nacionalización” transitoria para rescatarla, junto con otras empresas clave, incluyendo la de fabricación de automóviles.

En los Estados Unidos el desempleo podría llegar al 30%; sin embargo, la megabomba monetaria (32% del PIB) que inyectarán en la economía de más de US$700 billones, situará el desempleo en el 13%. Sin dicha híper inyección monetaria el desempleo en los Estados Unidos rebasaría el 30%.

Aún con la bomba de inyección monetaria, la velocidad de consumo y la velocidad de circulación del dinero seguirán disminuyendo seriamente.

Los Estados Unidos, Europa, China y Japón implantarán inevitablemente políticas monetarias, cambiarias y crediticias expansionistas, sin precedentes conocidos.

El escenario de crecimiento más probable en los Estados Unidos podría variar en un deterioro del PIB entre el -2% y el -5%. Quiere decir que la severa contracción económica, derivada de la pandemia del coronavirus, progresivamente se irá transformando en una recesión dura y de incierta duración.

Conservadoramente, la contracción inicial puede extenderse más de dos trimestres: 7-8 meses.

Caerán progresivamente la liquidez de las empresas y los ingresos de los hogares. La asfixia financiera y la paralización generalizada serán implacables, si no tiene lugar una reacción vigorosa, agresiva e integral de las altas autoridades económicas y sanitarias del gobierno.

A diferencia de la severa crisis global que tuvo lugar en 2008, caracterizada por el colapso de la demanda, la dramática crisis actual es una crisis de oferta de dimensiones desconocidas.

El aislamiento social, las expectativas funestas y el pánico han trastrocado la demanda, a lo cual se suma la pérdida progresiva del poder de compra, lo cual conduce a la población hacia el colapso. Desde otra perspectiva, tampoco hay producción porque los ejecutivos y los empleados de las empresas están aislados, con distanciamiento social y en cuarentena.

En otras palabras, la políticas monetarias y fiscales expansionistas ortodoxas y tradicionales, no se traducirán en los resultados esperados y, más bien, el desafío es cómo “suavizar” y limitar el colapso y la acentuada contracción de la oferta de bienes y servicios, mientras se mantienen a flote las empresas, el nivel de empleo formal, la informalidad, el autoempleo, y cómo se abordan los problemas de los grandes grupos de población, sobre todo en países como el nuestro, que viven sumergidos entre la pobreza y la extrema pobreza, en un contexto de exclusión y desigualdad social.

El reto es también cómo encontrar una frontera afortunada entre los límites del aislamiento y el distanciamiento social y las cuarentenas forzadas, y la paralización y asfixia que provocará la contracción radical de bienes y servicios.

La economía de Guatemala, medida por medio del PIB, puede experimentar un colapso sin precedentes: entre el 10% y el 12%.

El sector más afectado será el informal (66% PEA y 23% PIB), el autoempleo y los pobres y extremos pobres (que juntos representan el 94% de los informales). Producto de los efectos e implicaciones de la pandemia del coronavirus, las empresas experimentarán asfixia financiera e iliquidez, incapacidad de sostener sus inventarios, el crédito a clientes, el pago a sus proveedores y, eventualmente, les será imposible cubrir las nóminas y estarán incapacitadas de seguir proveyendo bienes y servicios. Las quiebras serán, lamentablemente, un fenómeno generalizado. El desempleo formal, que ha sido menor del 5%, podría alcanzar el 25%.

El tipo de cambio, debido a su característica rigidez y falta de flexibilidad, se deslizará muy poco, debido a las intervenciones del banco central, y eso agravará la situación, pues la gigantesca economía vecina, la mexicana, está devaluando sin precedentes, y tiene mayor flexibilidad cambiaria. El peso mexicano apenas está iniciando, y ya se ha situado en 25 pesos por dólar. Al menos, es posible anticipar que el tipo de cambio local, alcance un tímido e insuficiente Q9 por 1, a finales de diciembre. Un modesto deslizamiento del 16%, insuficiente para contrarrestar la pérdida de competitividad y el aumento significativo del contrabando.

Las tasas de interés experimentarán reducciones poco significativas, y seguirán con un nivel mayor que el de las tasas de las plazas financieras internacionales. Además de reducir la tasa líder a cero, la banca central debería expandir y relajar la política monetaria para aumentar liquidez, procurando incidir para la aplicación del artículo 133, de la Constitución Política de la República, dada la catástrofe que comenzamos a sufrir. De esta manera, se alentarían mayores niveles de liquidez, mediante operaciones de mercado abierto, logrando una reducción significativa de las tasas de interés –en términos prácticos cero de la banca- para préstamos dirigidos a financiar la nómina. La inflación local será de alrededor de cero, debido a la falta de demanda, pero, sobre todo, a la insuficiencia de oferta.

La caída de las remesas estará entre el 25% y el 30%. Es decir, ingresarán a la economía guatemalteca, unos US$4 billones menos de lo que han proveído nuestros heróicos migrantes. Las remesas son una de las variables clave, que explicará la dramática contracción del PIB y el desbalance del sector externo.

Las exportaciones de commodities seguirán muy débiles. El azúcar y el café continuarán con su prolongado y lamentable cáncer incurable. El cardamomo seguirá sin precios de referencia y sin posibilidad de ser exportado. El hule y aceite de palma, persistirán en esta coyuntura, con precios muy débiles. Mientras, las importaciones se seguirán abaratando, sobre todo por el acentuado colapso de la factura petrolera.

El precio del petróleo no superará los US$30/barril y, por lo tanto, la caída de precios, mejorará los márgenes de las empresas exportadoras y de las empresas que producen para el mercado local, que, no obstante, estarán enfrentando enormes dificultades para la continuidad de sus operaciones. A la vez, por esa caída de precios, los ingresos tributarios se verán mermados. La carga tributaria, es previsible que caiga al 6% del PIB.

Aumentarán los riesgos de vandalismo: robo de comida, asalto a tiendas y supermercados, bodegas de almacenamiento de comida.

El clima de violencia se exacerbará: la delincuencia común, la delincuencia organizada y el crimen transnacional tendrán una presencia aún más invasiva. Las maras con mayor capacidad de fuego, debido a la caída severa de sus ingresos producto de sus extorsiones, buscarán “nuevos mercados”.

La conflictividad social, latente, volverá a manifestarse mediante distintas formas de protesta y sabotaje. La minería metálica y no metálica, así como las hidros, seguirán enfrentando desórdenes crecientes.

A pesar de que este es un momento que reclama la unidad nacional, la inercia de polarización ideológica y los extremismos políticos, pueden exacerbarse porque muchas medidas para enfrentar la crisis, encarnan dilemas sociales y económicos, es decir, decisiones sobre cómo repartir la carga.

El sistema político y judicial, muy probablemente, no pasará la prueba. Seguirá desprestigiándose aceleradamente y se abrirá el riesgo de que el desencanto de la población –que hasta ahora se ha manifestado dentro de la democracia- se desborde, tolerando incluso manifestaciones autoritarias.

Las fuerzas de seguridad (infiltradas, sin capacidad de respuesta ni reacción efectiva) serán incapaces de contener desbordes de conflictos y del crimen en sus diferentes manifestaciones. Esto es, zozobra, frustración e ingobernabilidad.

Las actividades económicas más golpeadas serán: el turismo, donde se perderán alrededor de 500 mil empleos directos e indirectos, según las estimaciones del Inguat. La construcción, que sufrirá el congelamiento de desarrollos, desempleo generalizado, caída de los precios en el mercado inmobiliario. Las exportaciones sufrirán la pérdida de 900 mil empleos directos y tres millones de empleos indirectos.

Inevitablemente la banca y el sector financiero, en general, sufrirán un rebote sistémico, dado el apalancamiento inmobiliario de desarrolladores y familias que han aumentado sustancialmente, pues el crédito se ha venido abaratando y siendo más accesible. Asimismo, empresas agroexportadoras con problemas crecientes están muy endeudadas con la banca local. Se avizoran mercados financieros más apretados y un aumento de la mora, una situación que traerá consigo un panorama sombrío para el sistema financiero.

Estrategias y políticas para lograr un escenario “meta” optimista y de esperanza

Hasta ahora el gobierno no ha presentado un plan eficaz para mitigar, contener o revertir la crisis económica derivada de la pandemia.

El gobierno debería de responder con un paquete agresivo financiero, fiscal y monetario y laboral de grandes alcances, para expandir políticas fiscales eficaces y eficientes a fin de reforzar y asegurar los servicios de salud (acceso universal a exámenes a escala nacional para detectar el virus, medicinas, agua potable y energía) y salvar y hacer flotar empresas y preservar nóminas y, en consecuencia, el nivel de empleo formal, ofrecer seguros por desempleo y cubrir los salarios de manera expedita, de los empleados que por diferentes razones de salud justificadas y/o edad avanzada deban quedarse en sus casas, incluyendo a ejecutivos vitales, que no obstante su importancia estratégica, las empresas no pueden cubrir sus sueldos y salarios, dada sus carencias de recursos financieros, en cuyo mantenimiento el IGSS debe y puede jugar un papel clave; transferencias directas con nombres y apellidos, establecer moratorias fiscales y del seguro social, y evitar el cierre de empresas (Q10 mil millones).

Asimismo, un paquete de políticas y medidas para no dejar en caída libre la informalidad, el autoempleo, y a las poblaciones en condición de pobreza y extrema pobreza (Q 10 mil millones), ejecutado por medio de una red de 400 “campamentos” (carpas, escuelas o salones municipales desocupados); 340 en los municipios y 60 en la ciudad capital y su periferia, a fin de garantizar alimentación, satisfacción de la sed, exámenes descentralizados (no se puede seguir teniendo la miopía y la visión de un país bananero, para ejercer el monopolio de los tests de detección del coranavirus para esconder las estadísticas) y a escala nacional para la detección del coronavirus y medicinas y servicios básicos.

Estos campamentos deberían ser administrados y atendidos por organizaciones civiles voluntarias con experiencia. No se puede permitir, en medio de esta tragedia, la intermediación burocrática, que solo garantiza la ausencia de transparencia, el robo, la opacidad, y ningún impacto en quienes están experimentando la pandemia del coronavirus.

Como se anotó, el financiamiento del paquete de medidas debe provenir de la banca central, tal como lo establece la Constitución, en caso de catástrofe nacional, como la que precisamente estamos padeciendo. El Ejecutivo y el Banco de Guatemala deben convenir un plan blando, de mediano plazo, para el repago riguroso de la deuda que se estaría contratando con la banca central.

Por otro lado, el Estado debe recortar gastos burocráticos superfluos e innecesarios, contraer los salarios de la burocracia alta y media; en un 15 a 20% en el Ejecutivo, en las altas Cortes y en el Congreso; erradicar las plazas fantasma, que se estiman en un 24% de las plazas totales, y eliminar los pactos abusivos y clientelares con los sindicatos del Estado, sobre todo los destinados al magisterio nacional.

En los Estados Unidos, Europa, China y Japón implantarán inevitablemente políticas monetarias, cambiarias y crediticias expansionistas, sin precedentes conocidos.

La economía de Guatemala, medida a través del PIB, puede experimentar un colapso sin precedentes: entre el 10% y el 12%.

El gobierno debería de responder con un paquete agresivo financiero, fiscal y monetario y laboral de grandes alcances, para expandir políticas fiscales eficaces y eficientes a fin de reforzar y asegurar los servicios de salud.

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