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Hay que recuperar la brújula.

La gestión de la crisis del coronavirus es un aprendizaje sobre la marcha. Las drásticas disposiciones generales dictadas por el presidente Giammattei, tendrán que adaptarse progresivamente a las condiciones de cada sector social y económico, pero sin extraviar ni relativizar el principio de proteger la vida humana.

Dada la emergencia global y el Estado de Calamidad local, incumplir uno o tres días un contrato mercantil internacional, sí debe de relativizarse, hasta garantizar que las instalaciones donde operan maquilas y ‘call centers’ minimizan riesgos de contagio, igual que en las instituciones que prestan servicios esenciales.

La cuarentena ayuda a capear el temporal, mientras se organizan recursos y se asignan prioridades. Esta es una crisis sanitaria de amplio espectro con inevitable impacto económico a distintas escalas; la más dañada será la microeconomía.

Debemos empezar por clasificar las poblaciones vulnerables. Los mayores de 70 años son más vulnerables, representan el tres por ciento de la población, alrededor de 450 mil. La otra variable es la desnutrición y pobreza. Hay cerca de 850 mil niños menores de cinco años que sufren desnutrición crónica y aguda, y casi 9 millones de personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Se conoce dónde habitan y por dónde se desplazan.

Dadas esas simples premisas me resulta extraño el plan de reactivación económica que presentó ayer el Presidente al Congreso, para sustentar la ampliación del presupuesto público en Q7 millardos. El plan confunde emergencia con reconstrucción. En primer lugar, la emergencia es salvar vidas y el medio es el sistema de salud, por tanto, la prioridad es dotarlo de recursos (financieros, humanos, insumos, equipamiento). Minsalud está dando la talla, considerando sus limitaciones estructurales.

En segundo lugar, la emergencia implica prevenir contagios de escalas sanitariamente insostenibles de las poblaciones vulnerables, y la estrategia básica es la atención primaria en salud.

En tercer lugar, la emergencia trata sobre poblaciones pobres (la inmensa mayoría en la informalidad laboral) que sufren el estrés del contagio y, a la vez, la pérdida del sustento diario. Aunque vilipendiada y deteriorada en los últimos dos gobiernos, la única experiencia (relativamente) exitosa es la de los programas de transferencias monetarias (condicionadas), que habría que vigorizar y volver eficientes.

En cuarto lugar, la emergencia trata sobre clases medias y sustento del empleo formal, cuyas propuestas –una suerte de “visa cuotas” en tributos, pago de deudas y demás– parecen razonables.

La ecuación que aún no traducimos en esta emergencia es la del valor del factor vida humana por encima de los factores “utilidades” y “productividad”. Por eso el plan de Giammattei está al revés: vivienda popular, infraestructura (mucha máquina, poca mano de obra) y adquisición de inmuebles para la administración central de Gobierno y el Congreso, corresponden a una etapa de reconstrucción. Sugerir negocios obvios en periodo de calamidad es abrir la pastelería al glotón. Derrumbaría la legitimidad de Giammattei, echando al traste el lema “Juntos saldremos adelante”.

Otro tema es el financiamiento de la crisis. La ortodoxia monetaria nos sigue apretando como soga al cuello. En emergencia, sin un Estado eficiente, descendemos al caos. Basado en la Constitución (Artículo 133) el Presidente debe solicitar al Congreso aprobar financiamiento directo del Banco de Guatemala, el cual es más expedito y barato que la burocrática deuda multilateral. Por otro lado, tenemos reservas monetarias por casi US$15 millardos, las más altas de la región, acudamos a ellas, pues se anticipa una caída de remesas y exportaciones. El peor fantasma que podría visitarnos es la inflación del brazo con la recesión económica.

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