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Opiniones de hoy

A la historia y a la verdad no podrán callarlas

opinion

Ahora el Ministerio de Gobernación, Cultura y el Congreso deben cumplir lo resuelto.

El pasado 4 de marzo, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo contra el Ministerio de Gobernación y Ministerio de Cultura, interpuesto por la Procuraduría de Derechos Humanos, apoyado por organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos y que asegura la protección, conservación y funcionamiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional, AHPN. Archivo que desde 2018 ha sufrido ataques sistemáticos por el Ejecutivo, Ejército, Congreso, organismos internacionales, entre otros, que son quienes deberían velar por la justicia transicional.

Bajo la administración de Jimmy Morales, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que es el administrador de los fondos y el Ministerio de Cultura, destituyeron al director del AHPN, Gustavo Meoño, sin justificación, sin haber buscado, a través de un proceso transparente, a un reemplazo calificado para el cargo y sin asegurar una transición. A partir de entonces, el archivo, que llevaba un proceso avanzado de conservación, digitalización e investigación sufrió una reducción del 90 por ciento de su personal, quedando prácticamente inoperante. Esto significó una restricción a la consulta de los documentos violentando el derecho de acceso a la información. 

Desde su descubrimiento, hasta el 2018, el AHPN publicó informes sobre el material contenido y los documentos aportaron a familiares de miles de desaparecidos, a proyectos de investigación académicos o al Ministerio Público. Dentro de los puntos que la justicia transicional defiende y avanza están la verdad, la justicia penal y la reparación, para lograr la no repetición de crímenes, lo cual es sano para cualquier nación. Sin embargo, en Guatemala es lo contrario, el Estado se ha negado a adherirse a estos parámetros mundiales, porque eso le permite mantener un clima de impunidad, autoritarismo y desmemoria que beneficia a los responsables. Lo cual es un error histórico para el presente y el futuro.

La resolución de la CSJ ordena al Ministerio de Gobernación abstenerse de adoptar medidas que amenacen la integridad del AHPN, quedando el Ministerio de Cultura como el único encargado de la conservación, resguardo y custodia. Exhortando a que el AHPN sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación y da un plazo de cuatro meses para que el Ministerio de Cultura adopte medidas financieras, administrativas y recursos humanos suficientes y calificados, para garantizar la continuidad y sostenibilidad del proceso archivístico y para que se implemente un plan de resguardo y conservación de alto nivel. Y al Congreso se le ordena continuar el proceso de aprobar una ley nacional de archivos. 

Ahora el Ministerio de Gobernación, Cultura y el Congreso deben cumplir lo resuelto. 

 

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